La crisis se enmarca en medio de una demanda interna debilitada, mayores importaciones y dificultades para sostener los costos de producción.
La industria textil atraviesa uno de sus momentos más críticos, con una caída de la actividad de 20,8% interanual entre enero y agosto de 2026 y acumula un desplome de 33,9% frente al mismo período de 2023. En paralelo, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 40,6%, su nivel más bajo de la serie histórica, con excepción de 2020, durante la pandemia. En ese escenario, se destruyeron casi 29.000 puestos de trabajo, según el relevamiento de la Fundación Pro Tejer en el evento ProTextil 2026.
El conjunto de demanda interna debilitada, mayores importaciones y dificultades para sostener los costos de producción generaron un fuerte impacto en el mercado laboral del sector: se destruyeron 28.818 puestos de trabajo registrados (-23,9%) en la cadena de valor textil, indumentaria y calzado desde diciembre de 2023. La cifra representa casi un tercio de toda la destrucción de empleo industrial registrada en el país durante ese período.
Durante la apertura, su presidente, Luciano Galfione, cuestionó la política económica del Gobierno y reclamó medidas para sostener la producción nacional. Si bien reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación, advirtió que esas condiciones no alcanzan por sí solas para recuperar la actividad.
Otra cara de la crisis en el sector es la pérdida del tejido empresarial: se destruyeron 1.090 establecimientos industriales de la cadena textil, indumentaria y calzado entre diciembre de 2023 y julio de 2026, una contracción del 17,7%. En el mismo período, el comercio vinculado al sector perdió otros 3.804 establecimientos, una baja del 17,8%.
La situación se enmarca en un deterioro más amplio del entramado productivo: se cerraron 33.583 establecimientos con trabajadores asegurados entre diciembre de 2023 y julio de 2026, según datos de la SRT. Esto equivale a una pérdida de alrededor de 42 empresas por día durante el último año.
Para Fundación Pro Tejer, la caída de la actividad no puede explicarse sin observar el comportamiento del consumo y el cambio en la composición del mercado interno. Las importaciones pasaron de representar históricamente cerca de la mitad del abastecimiento local a explicar alrededor del 70%. En paralelo, la producción nacional redujo su participación al 30%.
El avance de los productos importados se da en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Entre enero y agosto de 2026, frente al mismo período de 2023, el salario registrado privado cayó 4%, el público 25% y el haber mínimo jubilatorio, incluido el bono, retrocedió 10%. Las ventas en supermercados bajaron 16,2% y las de los shoppings 28,5% en la misma comparación.
A ese escenario se suma el incremento de los costos de los servicios públicos. En el AMBA, la canasta de luz, gas, agua y transporte aumentó 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, frente a una inflación acumulada del 241%, según los datos citados por la entidad.
Además, las importaciones de indumentaria crecieron 46% en toneladas entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo período del año pasado, mientras que las confecciones para el hogar avanzaron 209%. En el caso de los productos textiles, los volúmenes importados también mostraron fuertes subas en distintos segmentos.
Asimismo, las importaciones realizadas vía courrier alcanzaron los u$s960 millones entre enero y septiembre de 2026, 6,3 veces el monto registrado en igual período de 2024 y un 60% más que en 2025. En junio de este año representaron el 1,8% de las importaciones totales, frente al 0,7% de diciembre de 2024.
Galfione cuestionó, además, las condiciones en las que compiten los fabricantes locales. Durante su discurso rechazó que el precio de la ropa responda exclusivamente a una supuesta ineficiencia de las fábricas argentinas. “Es la Argentina la que tiene un problema de competitividad”, sostuvo.
En esa línea, apuntó contra los costos que se acumulan por fuera de las plantas industriales, entre ellos la presión tributaria, la logística, la infraestructura, el financiamiento, los alquileres comerciales y la intermediación.
Desde Pro Tejer reclamaron por una política industrial e incluyó una comparación con las medidas que están tomando otras economías. La entidad señaló que desde 2020 se multiplicaron las políticas industriales a nivel global, con instrumentos vinculados a subsidios, aranceles, exigencias de contenido local y restricciones al ingreso de determinados productos.
Entre los ejemplos mencionados aparecen las medidas de Estados Unidos sobre los envíos de bajo valor, los nuevos aranceles definidos por la Unión Europea para paquetes provenientes de fuera del bloque y la legislación francesa contra el ultra fast fashion. México también incrementó los aranceles para determinados productos provenientes de países con los que no tiene acuerdos comerciales.
En contraposición, Galfione cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que no posee exigencias suficientes de integración con proveedores nacionales y podría no tener un derrame significativo sobre el entramado pyme. Cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas representan el 98% de las empresas empleadoras y concentran el 50% del empleo privado registrado, según los datos presentados.
Fuente: Ámbito