Metalfor pidió el concurso preventivo de acreedores

La fabricante de maquinaria agrícola Metalfor solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la Justicia de Marcos Juárez, Córdoba, después de varios meses de dificultades financieras, despidos y reclamos judiciales por deudas impagas.

La compañía, una de las principales productoras nacionales de pulverizadoras, había sido advertida por una calificadora de riesgo sobre su delicada situación económica y registraba, al cierre de junio, un pasivo de $194.408 millones. Ahora busca reorganizar sus compromisos y mantener en funcionamiento sus plantas industriales.

La decisión fue confirmada este martes por la propia empresa, que aseguró que continuará fabricando y comercializando maquinaria mientras avanza el proceso judicial. Metalfor, fundada hace más de cinco décadas y adquirida en 2017 por el grupo Bertotto Boglione, llegó a contar con unos 600 trabajadores y tiene una extensa red comercial en las principales zonas agrícolas del país.

En un comunicado, la compañía explicó que recurrió a la Justicia para “proteger la continuidad de la compañía, ordenar sus obligaciones dentro del marco previsto por la ley y evitar que acciones individuales continúen afectando el patrimonio y la capacidad operativa”. La presentación se produce luego de que distintos acreedores avanzaran con ejecuciones y embargos, en medio de una fuerte contracción de las ventas y dificultades para cumplir con las obligaciones financieras y laborales.

Metalfor aclaró que el pedido de concurso no supone la paralización de sus actividades. Según indicó, continuará con la producción, las entregas de equipos, el abastecimiento de repuestos y el servicio técnico. “La compañía inicia ahora una nueva etapa. El desafío es importante, pero también lo es nuestra decisión de continuar”, sostuvo.

La magnitud de los problemas de la fabricante cordobesa había quedado expuesta en agosto, cuando FIX SCR confirmó y retiró su calificación crediticia en la categoría CC(arg), una de las más comprometidas de la escala nacional. La agencia consideró que Metalfor presentaba un riesgo crediticio extremadamente vulnerable y advirtió sobre una elevada probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones.

En su último informe, fechado el 27 de agosto, la calificadora señaló que la empresa tenía una deuda financiera ajustada de $142.876 millones a junio de 2026, incluyendo compromisos financieros y obligaciones fuera de balance, entre ellas fideicomisos financieros.

Uno de los principales problemas era la falta de liquidez. Según FIX, Metalfor disponía de apenas u$s2,2 millones entre efectivo e inversiones de corto plazo, mientras que sus compromisos financieros con vencimiento dentro de los siguientes doce meses ascendían a u$s40,2 millones. Es decir, los recursos disponibles alcanzaban para cubrir solamente el 6% de esas obligaciones.

La calificadora también identificó vencimientos de pagarés bursátiles por alrededor de u$s3 millones y advirtió que la empresa enfrentaba un elevado riesgo de refinanciación de su deuda bancaria. A esa situación se sumaba una fuerte caída de su participación en el mercado de pulverizadoras, que pasó del 28% histórico al 19% en su zona de influencia.

Los registros más recientes de la Central de Deudores del Banco Central también reflejan las dificultades de la compañía. Según los últimos saldos informados por las entidades financieras, correspondientes principalmente a septiembre de 2026, Metalfor acumulaba compromisos por aproximadamente $49.530 millones. Se trata de una medición diferente de la utilizada por FIX, que contempla un universo más amplio de obligaciones.

Entre los principales acreedores aparecen el Banco Nación, con $12.601 millones; el Banco de Córdoba, con $8.445 millones; el Banco de Servicios y Transacciones, con $7.912 millones; y el Banco Supervielle, con $5.405 millones. También figuran el Galicia, con $4.131 millones, y el Banco Provincia de Buenos Aires, con $2.820 millones.

Buena parte de esos compromisos se encuentra clasificada en Situación 3, correspondiente a deudores con problemas, y Situación 4, que identifica un alto riesgo de insolvencia. En esta última categoría aparecen Santander, ICBC, Banco del Chubut y Banco Ciudad.

Otro indicador del deterioro de la cadena de pagos es el volumen de cheques rechazados. La empresa acumula 1.178 documentos por $9.499,5 millones, de los cuales abonó 186 por $1.409,5 millones. De esta manera, apenas regularizó el 14,84% del monto total rechazado.

El crecimiento de los incumplimientos se aceleró durante los últimos meses. A fines de agosto, Metalfor registraba 729 cheques rechazados por aproximadamente $6.419 millones. Desde entonces, se incorporaron otros 449 documentos por más de $3.000 millones.

Embargos, despidos y caída de producción

Antes de solicitar el concurso preventivo, Metalfor había enfrentado distintos reclamos judiciales de sus acreedores. Uno de ellos fue iniciado por el Banco Ciudad, que promovió una ejecución contra la compañía y tres garantes de sus obligaciones, entre ellos Eduardo Alberto Borri, vinculado al grupo propietario.

El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°24, donde la entidad reclamó u$s98.895,77, más otros u$s10.000 estimados provisoriamente para intereses y costas. En agosto, la Justicia ordenó medidas de embargo sobre cuentas de los demandados y, a fines de septiembre, dispuso otra medida sobre fondos de la empresa.

En octubre también trascendió un embargo vinculado con un reclamo de AIR SRL por más de u$s700.000. Estas acciones judiciales se sumaron a los problemas de liquidez que Metalfor venía arrastrando y que ahora pretende encauzar mediante el proceso concursal.

Las dificultades financieras tuvieron su correlato en la actividad industrial. Durante el primer semestre de 2026, la compañía registró pérdidas por $26.484 millones, frente a una ganancia de $11.870 millones en igual período del año anterior. Los ingresos también se redujeron prácticamente a la mitad, desde $95.779 millones hasta $48.045 millones.

La contracción del negocio impactó sobre la fabricación de equipos. Entre enero y junio, Metalfor produjo 95 máquinas, frente a 208 unidades durante el mismo período de 2025. En el segmento de pulverizadoras autopropulsadas, uno de sus principales productos, pasó de fabricar 67 equipos a solamente 21.

La menor actividad obligó a la empresa a revisar su estructura. En julio solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba, en medio de atrasos salariales y negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Durante ese proceso trascendió que la compañía pretendía reducir hasta un 70% de su plantilla, integrada entonces por alrededor de 600 trabajadores. La propuesta implicaba la posible eliminación de unos 420 puestos, aunque no obtuvo aprobación en las negociaciones.

De todos modos, Metalfor avanzó con desvinculaciones y retiros voluntarios. Uno de los episodios de mayor repercusión ocurrió en julio, cuando 35 empleados de la planta de Noetinger recibieron telegramas de despido mientras se disputaba un partido de la selección argentina frente a Egipto.

En paralelo, la fabricante comenzó a concentrar su producción en los modelos de mayor demanda y rentabilidad, reducir turnos y buscar liquidez mediante la venta de inventarios y maquinaria usada.

La crisis se produjo pese a que Metalfor había obtenido un crédito de u$s50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), con un plazo de ocho años y dos de gracia. El financiamiento estaba destinado a refinanciar obligaciones de corto plazo y fortalecer el capital de trabajo, pero no alcanzó para revertir los problemas que enfrentaba la empresa.

Con la presentación concursal, Metalfor intentará negociar sus deudas bajo supervisión judicial y evitar que las ejecuciones individuales continúen afectando sus operaciones. Por ahora, la compañía aseguró que seguirá produciendo y atendiendo a sus clientes, mientras busca ordenar una situación financiera que ya provocó embargos, incumplimientos comerciales y una importante reducción de su estructura laboral.

Fuente: diario Ámbito