Préstamo del FMI a Macri: el fiscal de Casación respaldó el archivo de la causa

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé desistió del recurso que buscaba revertir el archivo de la causa penal por el préstamo de u$s57.100 millones que el gobierno de Mauricio Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.

En un extenso dictamen, sostuvo que la investigación no fue cerrada de manera prematura, que se produjeron numerosas medidas de prueba durante más de cinco años y que los fiscales que impulsaban la acusación no lograron precisar qué diligencias concretas quedaban pendientes.

“No encuentro fundamentos para sostener que la investigación sobre los hechos del caso se encontrara incompleta ni que haya sido clausurada de manera prematura”, afirmó Pleé en su presentación, en la que solicitó que se tenga por desistido el recurso interpuesto por el fiscal ante la Cámara Federal.

Los fiscales Franco Picardi y José Luis Agüero Iturbe habían apelado el cierre de la causa argumentando que el mismo había sido prematuro.

El archivo había sido dispuesto por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El 25 de septiembre, esa misma sala declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el fiscal, quien luego acudió en queja para intentar que el caso llegara a esa instancia.

El fiscal Pleé, que intervino como fiscal general subrogante de la Fiscalía General N° 3, consideró que esa impugnación no cumplía con los requisitos para prosperar y que tampoco había argumentos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales anteriores.

Qué se investigaba en la causa

La hipótesis de los fiscales apuntaba a un presunto esquema defraudatorio que habría sido organizado entre mayo de 2018 y septiembre de 2019 por funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central, en conjunto con actores privados.

Según esa acusación, el Estado habría contraído una deuda considerada insostenible por US$ 57.100 millones, con supuestos incumplimientos de normas constitucionales y legales y mediante argumentos engañosos sobre los objetivos y el destino de los fondos.

La investigación también buscaba determinar si las divisas obtenidas habían sido utilizadas para financiar la fuga de capitales, beneficiar a grupos económicos privados o favorecer a personas determinadas mediante información privilegiada. Otro de los puntos cuestionados era la presunta falta de control y trazabilidad sobre parte de los fondos.

Pleé describió esos planteos, pero concluyó que no habían sido respaldados con elementos suficientes para sostener la existencia de delitos. En particular, remarcó que los fiscales insistieron en que era necesario seguir investigando, pero no explicaron qué medidas específicas permitirían demostrar las conductas denunciadas.

“La incógnita que señaló la cámara de apelaciones no era el resultado que los fiscales esperaban obtener, sino cuáles serían las medidas investigativas concretas que permitirían alcanzarlo”, señaló.

Uno de los argumentos del dictamen es que la investigación se extendió durante más de cinco años y reunió informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el Banco Central y otros organismos, además de documentación administrativa, testimonios y las cartas de intención y memorandos firmados con el FMI.

El fiscal también repasó las medidas dirigidas a identificar a los principales compradores de divisas durante el período investigado. Entre otros datos, el expediente incorporó información sobre los 100 agentes que realizaron las mayores compras netas de moneda extranjera y sobre empresas que concentraron operaciones de formación de activos externos.

Para Pleé, los recursos de los fiscales no lograron explicar cómo la realización de nuevas medidas habría cambiado las conclusiones alcanzadas por los tribunales. “No es posible justificar la extensión de la investigación sino a partir de la proposición de medidas concretas que podrían tener un impacto en la valoración jurídica de los hechos”, sostuvo.

Y concluyó: “Esas circunstancias, sumadas a la cantidad de medidas producidas y a la información recolectada durante los cinco años que duró la instrucción, permiten concluir que no se ha infringido norma penal alguna”.

El rol del Congreso y las presuntas irregularidades administrativas

Otro eje de la denuncia estaba relacionado con la falta de intervención formal del Congreso Nacional, la ausencia de un decreto firmado por el entonces presidente Macri y la participación de distintos funcionarios en el proceso de negociación del préstamo.

La acusación también cuestionaba la intervención del entonces jefe de Gabinete, la competencia de las áreas ministeriales involucradas y la supuesta falta de informes técnicos y traducciones públicas al español de documentos vinculados con el acuerdo.

Sin embargo, Pleé consideró que esos planteos ya habían sido analizados por la jueza Capuchetti y por la Cámara, sin que los fiscales lograran demostrar que las irregularidades denunciadas configuraran delitos.

Sobre la intervención de las áreas técnicas, citó la conclusión de la jueza de primera instancia, quien sostuvo que no podía afirmarse que el préstamo se hubiera tramitado de manera improvisada y sin respaldo especializado.

“Por el contrario, ha quedado acreditado en autos que, dentro del amplio margen de discrecionalidad con el que contaba el Poder Ejecutivo para la adopción de políticas económicas de estas características, esta decisión se tomó con sustento en los informes técnicos confeccionados por las áreas competentes del BCRA y del Ministerio de Hacienda”, había señalado Capuchetti, según reprodujo el fiscal.

Respecto de la intervención del jefe de Gabinete, Pleé destacó que el funcionario había informado sobre el acuerdo en el Congreso y que, de acuerdo con la resolución judicial, estaba al tanto de sus principales aspectos. Por eso, entendió que la falta de intervención formal en el expediente administrativo no demostraba por sí sola una conducta penalmente relevante.

La discusión por el destino de los dólares del FMI

El dictamen también abordó los cuestionamientos sobre el destino de las divisas y las observaciones de la AGN. Los fiscales habían sostenido que una parte de los fondos no tenía un destino suficientemente identificado y que eso podía revelar un desvío de recursos públicos en beneficio de sectores privados.

Pleé rechazó que esos argumentos alcanzaran para sostener una acusación penal. A su criterio, los planteos confundían la falta de un seguimiento contable que los fiscales consideraban suficiente con la demostración de una aplicación ilegal de los fondos.

“No se ha indicado una infracción concreta en la aplicación de los fondos, sino que se ha planteado un cuestionamiento general a la política pública sobre su destino”, afirmó.

También defendió que la jueza hubiera evaluado el informe de la AGN junto con los cuestionamientos formulados por tres auditores que expresaron reparos sobre determinados aspectos. Para el fiscal, el juez no está obligado a aceptar automáticamente las conclusiones de un informe externo, sino que debe analizarlas en conjunto con el resto de la prueba.

En relación con el cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI, Pleé agregó que el organismo realizó misiones de seguimiento y revisiones del programa, y autorizó nuevos desembolsos durante 2018 y 2019. En ese contexto, consideró que tampoco se había presentado una línea de investigación concreta que permitiera sostener el supuesto plan delictivo.

La diferencia entre cuestionar una política económica e investigar un delito

El fiscal Pleé distinguió entre la discusión sobre las decisiones económicas de un gobierno y la posibilidad de investigar responsabilidades penales de funcionarios públicos.

El fiscal aclaró que las decisiones de política económica no quedan automáticamente fuera del control judicial cuando existen sospechas de delitos. Pero sostuvo que, para avanzar penalmente, es necesario identificar conductas concretas que puedan encuadrar en figuras delictivas y contar con elementos que las respalden.

“Aquí no existe una hipótesis fiscal con imputaciones delimitadas y sustentada en prueba suficiente, ni se han postulado diligencias probatorias aptas para esa finalidad”, escribió al comparar el expediente con otra causa penal vinculada con operaciones de dólar futuro.

Luego cuestionó que la acusación terminara centrada en las consecuencias del modelo económico adoptado durante el gobierno de Macri. “Lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”, sostuvo.

Y agregó que, en este caso, la investigación pretendía llevar a la Justicia la adopción y las consecuencias de una política económica sin haber logrado formular una hipótesis delictiva concreta.

Qué pasa ahora con la causa

Con su dictamen, Pleé pidió formalmente que se tenga por desistido el recurso de queja que había presentado el fiscal ante la Cámara Federal. Su postura respalda el criterio de los tribunales que confirmaron el archivo por inexistencia de delito.

Ahora corresponde que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva el planteo.

Fuente: diario Ámbito