Confirmaron el procesamiento de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS

La Sala II de la Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa por las irregularidades en la compra de medicamentos para el organismo.

Spagnuolo fue acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo.

Lo decidieron los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah. Además de Spagnuolo, la Cámara confirmó los procesamientos de otros 17 imputados, entre los que están Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella y Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en la ANDIS. Los camaristas dieron por probada una “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y privados”.

La Sala II rechazó el pedido de nulidad de las defensas y confirmó los procesamientos de los principales imputados, aunque redujo los embargos. En el caso de Spagnuolo, el procesamiento quedó establecido en $36.005.161.365,44; Garbellini, en $35.909.066.365,44; y para Miguel Ángel Calvete, en $36.043.881.773,44.

También mantuvo las inhibiciones generales de bienes y las medidas sobre las droguerías Génesis y New Farma, incluyendo la prohibición de innovar, la prohibición de distribuir dividendos y la designación de interventores informantes.

Por otro lado, Nadia Beller, la abogada boliviana expareja de Cerimedo que recibió dos balazos y aseguró tener información sobre esta causa, declarará este miércoles de manera virtual, aunque la información que anticipó tener es sobre los audios que se habían viralizado y que, hasta el momento, no fueron tenidos en cuenta como prueba.

Sobre esos audios, el juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de la defensa de Diego Spagnuolo para suspender la pericia que se lleva adelante sobre ellos y cuyo objetivo es establecer si las grabaciones son auténticas, verificar si sufrieron ediciones o manipulaciones y determinar si existen indicios de que hayan sido alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial.

Además de Spagnuolo, Calvete y su hija y Garbellini, hay otros 13 imputados cuyo procesamiento fue ratificado por el tribunal. Se trata de Pablo Atchabahian, Diego Martín D’ Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta, Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio Cesar Viera, Patricia Liliana Canavesio, Ruth Noemí Lozano y Luciana Ferrari.

Todos ellos están acusados por asociación ilícita y, excepto Viera -mano derecha de Calvete, pero fuera de la función pública-, por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, además de otros cargos.

Para los camaristas, la hipótesis investigada sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se realizaron contrataciones direccionadas y con sobreprecios en medicamentos e insumos, acompañadas por la presunta entrega de dádivas a funcionarios.

“Se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”, describieron los magistrados.

Según la resolución, también participaron actores privados que habrían tomado decisiones que correspondían exclusivamente a la Agencia.

El mecanismo, según la Cámara, se habría apoyado en el sistema informático SIIPFIS. Los jueces sostuvieron que el programa habría sido manipulado para que solamente fueran invitadas determinadas empresas vinculadas con los integrantes de la organización.

“Los integrantes conocían de antemano las asignaciones y simulaban una competencia mediante la utilización de oferentes ‘pantalla’”, señalaron Farah y Boico. Una vez adjudicadas las compras, agregaron, se garantizaba prioridad en los pagos y parte de las ganancias era distribuida entre funcionarios que participaban de la maniobra.

Fuente: C5N