La Justicia rechazó a dos diputados como querellantes en la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro para constituirse como querellantes en la causa por el caso $LIBRA.

El magistrado sostuvo que ambos tienen un interés institucional en el esclarecimiento de los hechos, pero que no lograron demostrar un perjuicio personal y concreto que les permita asumir el rol de acusadores particulares.

Frade y Ferraro habían solicitado ser tenidos como parte querellante para impulsar la causa, luego de que la Cámara Federal confirmó el apartamiento de los inversores damnificados de ese rol.

En su presentación señalaron que, además de haber sido denunciantes, son diputados nacionales y ejercen funciones de fiscalización y control sobre el Poder Ejecutivo y la administración de los recursos públicos.

Los legisladores argumentaron que los hechos investigados —que calificaron, entre otras figuras, como cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas— podían haber afectado el normal funcionamiento de la administración pública y la transparencia de las decisiones estatales.

Sin embargo, el juez recordó que para constituirse como querellante no alcanza con tener un interés general en la investigación. “La constitución como parte querellante exige la acreditación de un interés directo, inmediato y personal derivado del hecho investigado”, señaló Martínez De Giorgi, y remarcó que no resulta suficiente “una vinculación genérica con la maniobra denunciada”.

El magistrado también citó un antecedente reciente de la Cámara Federal en esta misma causa. Según recordó, la Sala I había establecido que quien pretende asumir el rol de acusador particular debe demostrar “la existencia de un perjuicio directo que constituya un plus respecto de la representación general que se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal”.

El argumento de ser diputados

Uno de los principales argumentos de Frade y Ferraro fue precisamente su condición de legisladores nacionales y las funciones de control que ejercen sobre el Poder Ejecutivo.

Pero para el juez, esa circunstancia no demuestra por sí misma que hayan sufrido un perjuicio concreto. “La condición de Diputados Nacionales que revisten los presentantes y las funciones de fiscalización y control que, en virtud de ese cargo, alegan ejercer respecto del Poder Ejecutivo y de la administración de los recursos públicos … no evidencian, por sí solas, una afectación directa, inmediata y personal”, sostuvo.

En esa línea, Martínez De Giorgi consideró que el perjuicio planteado por los legisladores está relacionado con cuestiones generales de funcionamiento institucional y transparencia, pero no con la lesión concreta de un derecho propio. “El perjuicio que describen aparece vinculado al adecuado funcionamiento de la administración pública, a la transparencia del proceso decisorio estatal y al ejercicio general de las atribuciones de control propias de la función legislativa”, explicó.

Y agregó que ese interés no permite diferenciarlos del que podrían tener otros legisladores o, en términos más amplios, cualquier ciudadano interesado en que se investiguen delitos contra la administración pública.

Fuente: diario Ámbito