$Libra: alertan sobre la posibilidad de que el caso quede impune

Luego de que la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones dictara una resolución confirmando un fallo de primera instancia del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que excluía a los querellantes de la denominada causa $LIBRA, desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) advierten que el caso podría quedar impune.

El director ejecutivo, Pedro Biscay, cuestionó esta mañana en Radio Altos el argumento utilizado por los magistrados para excluir a las querellas afirmando que no tienen el derecho de legitimación activa para actuar procesalmente, defendiendo los intereses de las víctimas de este caso, y planteó que $LIBRA es un caso de alto impacto institucional donde precisamente las querellas, los medios de comunicación y el CIPCE como “amicus curiae”, son los que “están empujando para que exista un esclarecimiento de los hechos”.

Expuso que hay una vinculación directa con el presidente de la Nación porque el propio Javier Milei en redes sociales publicó la dirección electrónica de un contrato privado y así muchas personas de distintos lugares del mundo invirtieron dinero, apostando al valor del activo cripto, eso generó, agregó, un movimiento especulativo muy notorio y agresivo que terminó provocando pérdidas patrimoniales en inversores.

Además de la posible comisión del delito de estafa, remarcó que hay una investigación abierta por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que eventualmente se le podría imputar al presidente de la Nación “si los fiscales y los jueces analizan de manera correcta el enorme caudal de prueba que existe”.

“La expulsión de los querellantes es dramática en el sentido de que genera un debilitamiento sobre la posibilidad que la sociedad civil conozca lo que está pasando en ese caso tan importante”, aseveró.

Ahora, indicó, la Cámara de Casación Penal tendrá que resolver si avala o no los dos fallos previos respecto de las querellas: “tiene la oportunidad de revertir una situación que está rodeada de elementos que marcan que el caso va a permanecer en impunidad”.

“Es una buena oportunidad que tiene la Cámara de Casación para demostrar que en la Justicia hay todavía algunos jueces y juezas que tienen voluntad de que la ley se aplique de manera igualitaria para todas las personas, y sobre todo para los funcionarios públicos que es donde mayores esfuerzos tiene que hacer el sistema de justicia para demostrar que la ley no se transforma en esos casos en un privilegio que les permite permanecer impunes”, agregó.

Biscay enfatizó que en el caso $LIBRA hay mucha prueba, a pesar del fiscal Eduardo Taiano, y que las condiciones para que la investigación continúe están dadas, al igual que para que las querellas puedan defender en instancia de juicio oral y público su posición. 

Apuntó contra los argumentos que usó el fiscal Taiano en su dictamen y que el juez Martínez de Giorgi recogió en sus razonamientos respecto de que como se trata de un mercado muy especulativo, las víctimas sabían que podía producirse una caída agresiva del valor de los criptoactivos, y por lo tanto no hubo manipulación de mercado. 

“Justamente esa cuestión es la que hay que discutir en un juicio; el corazón de lo que tiene que decidir Casación Penal es si los hechos que son materia de debate en un juicio oral y público, se pueden resolver a partir de una incidencia netamente procesal respecto de si la querella tiene o no tiene capacidad de acción, o si a través de esa incidencia están suprimiendo la posibilidad de que exista un juicio oral y público sobre este comportamiento”, explicó.

Y sumó que eso, sin perjuicio respecto del presidente que, afirmó, también “hay mucha prueba que no tiene que ver con la manipulación, sino con el interés directo que tuvo al difundir un contrato privado, algo que está prohibido legalmente por la Ley de Ética Pública”.

“El funcionario público no puede tomar parte de un interés ajeno, privado, porque eso desdobla la función de resguardo de los intereses generales de la sociedad. Cuando el presidente difunde el contrato electrónico que permitía invertir en $LIBRA, lo que hizo fue dar a conocer e interesarse en un contrato ajeno, que provocó, además, beneficios para muchas personas que son los imputados”, advirtió.

Y concluyó: “Hay un conjunto de pruebas que vincula a los imputados y al presidente con esta maniobra, y eso es lo que hay que investigar. Por eso, que las querellas continúen en el caso es vital para que toda la sociedad conozca en un juicio oral y público una acusación sobre un esquema de corrupción muy grave porque involucra al máximo representante del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación”.