La enfermera pediátrica del hospital, Georgina Duarte, recalcó que Norma Lezana tiene fueros gremiales y no puede ser echada, salvo que intervenga la Justicia.
En las últimas horas el Gobierno nacional mediante una publicación en redes sociales informó que desvinculó del Hospital Garrahan a Norma Lezana, nutricionista y titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Se trata de una de las gremialistas que estuvo al frente el año pasado de la lucha de los trabajadores para lograr mejoras salariales y de las condiciones laborales.
“No es cierto que no estaba en su lugar de trabajo. Nuestra compañera Norma Lezana tuvo un rol muy importante el año pasado para el hospital: evitar que se fuera un montón de trabajadores por los bajos salarios que teníamos”, remarcó esta mañana en diálogo con Radio Altos Georgina Duarte, enfermera pediátrica del Garrahan e integrante de APyT.
Insistió en que el trabajo que realizó la gremialista fue muy grande y gracias a eso los trabajadores lograron un aumento de 61% en sus salarios. En su caso, contó que pasó de cobrar $800.000 el año pasado, a percibir 2.400.000 en la actualidad.
“La decisión del Gobierno genera una situación muy grave”, enfatizó y aclaró que hasta el momento Lezana no fue notificada de su despido.
De todos modos, señaló que como secretaria general del sindicato tiene fueron gremiales y no puede ser despedida, salvo que la Justicia le quite esos fueros.
Duarte sostuvo que el Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con la desvinculación de Lezana para correr el eje de la discusión, luego de que desde APyT denunciaran el manejo irregular por parte de las autoridades del hospital de $58.000 millones. “Los pusieron en un fondo de inversión para ellos, para no sé quién, no se utilizó en el hospital ni tampoco para los trabajadores”, advirtió.
Y agregó: “Es una situación muy grave la que denunció APYT y de esta manera (el anuncio del despido de la gremialista) se está tratando que pase desapercibido”.
Sobre el funcionamiento actual del Garrahan, la enfermera pediátrica contó que se fueron desde que se inició el conflicto el año pasado alrededor de 500 trabajadores y no se llamó a concurso para cubrir esos puestos vacantes.
“Estamos trabajando con menos personal y menos médicos, lo cual hace que las consultas se alarguen de uno o dos meses, a tres o cuatro. Tratamos enfermedades que no pueden esperar ser atendidas”, expuso, por último.