RIGI: en dos años concentró sus beneficios en explotación de hidrocarburos y minería

El Observatorio del RIGI, iniciativa colaborativa que reúne a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-UNSAM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), presentó su segundo boletín informativo en el que analiza los impactos del programa a dos años de su entrada en vigencia. El documento se titula “El RIGI avanza, ¿y la Argentina?”.

“Lo que estamos haciendo es recolectar los datos de los proyectos, pero también un análisis de los impactos. Esto no es solamente un tema de números, sino que estamos en un momento de reconfiguración del capitalismo argentino”, planteó Luciana Ghiotto, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET.

Remarcó que el RIGI es un elemento clave de la política de la gestión de Javier Milei porque busca atraer inversiones de sectores desde los que La Libertad Avanza considera que Argentina puede insertarse en el mundo. 

“Estamos hablando de pasar del foco de lo que es la industria en la provincia de Buenos Aires hacia el extractivismo vinculado con la Cordillera de los Andes. En el norte la minería y en el sur Vaca Muerta, los hidrocarburos, el fracking y el gas”, enumeró.

Agregó que principalmente son cinco las provincias que están recibiendo la mayor cantidad de proyectos bajo el RIGI: San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén y Río Negro. 

De los 40 proyectos presentados, 21 ya fueron aprobados. Entre ellos, 12 corresponden a minería, 5 a petróleo y gas y los 4 restantes a energía, infraestructura y siderurgia. 

Ghiotto recordó que el RIGI es un conjunto de incentivos y beneficios extraordinarios, en el plano fiscal, impositivo, aduanero, cambiario y de estabilidad regulatoria, a 30 años.

En el segundo año de implementación, el cobre ha sido el mineral que ha impulsado gran parte de las inversiones, más que el oro, a plata o el uranio. Y la explicación, señaló, está vinculada a que es un mineral clave para la transición energética. Argentina tiene el 1,8% de las reservas mundiales de cobre: “No parece mucho, pero es un montón porque no es un sector que haya estado muy explotado en Argentina previamente”.

Una de las fuertes críticas que se hace al régimen es que las empresas no están obligadas, por ejemplo, a contratar mano de obra local, ni siquiera a utilizar insumos locales: “estas empresas pueden importar absolutamente todo lo que requieren para una mina, importar los trabajadores y los ingenieros. Y así se convierten en una economía de enclave donde la empresa llega, extrae, lo saca del país y no hay conexión económica con el resto de la economía local, provincial, nacional. No hay encadenamientos productivos que aprovechen esa existencia de la empresa”.

Al plantear la pregunta ¿qué beneficio le deja a la Argentina el RIGI?, respondió que muy poco porque en realidad es “pura ganancia para las empresas”.

Y advirtió sobre otro de los puntos controversiales del régimen, que es que, ante cualquier conflicto que surja con los gobiernos nacional, provincial o municipal, las empresas podrán acudir al arbitraje internacional, como por ejemplo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, o las Cortes de Nueva York o de Londres. “Esto lo que implica es un chantaje porque frente a cualquier nueva regulación ambiental o tributaria, frente a alguna regla nueva que estos inversores puedan entender como una modificación de sus condiciones contractuales, pueden interpretarlo como una violación de ese contrato y demandar a la Argentina”, concluyó.

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