Gobernadores del norte respaldaron el proyecto de una nueva Ley de Biocombustibles

El respaldo político del Norte argentino al proyecto de una nueva Ley de Biocombustibles quedó plasmado este viernes en San Miguel de Tucumán, durante la apertura de la II Cumbre de Bioetanol “Impulsando el futuro del bioetanol en Argentina”. 

Los gobiernos nacional, de Tucumán y de Jujuy, junto a autoridades provinciales, legisladores y representantes de la industria, expresaron un mensaje coincidente: el sector necesita una nueva regulación, mayor previsibilidad e inversiones para aumentar el corte de bioetanol del actual 12% al 15% en las naftas. Sin embargo, tampoco faltaron algunos contrapuntos entre las siete iniciativas distintas presentadas en el Congreso.

En el oficialismo ya piensan en un Plan B para que la ley salga: quitar biodiésel de la norma y avanzar solo con bioetanol.

La discusión llega en un momento clave para la industria. El proyecto del oficialismo (LLA) que se encuentra en el Senado propone modificar el esquema vigente y avanzar hacia un mercado con mayor competencia, nuevas modalidades de comercialización y porcentajes de mezcla superiores. Este texto lo impulsa Patricia Bullrich en el Senado, con el apoyo de seis senadores más. Pero existen otros proyectos con diferencias y mayores amplitudes, como el de las senadoras Beatriz Ávila de Tucumán o Flavia Royón, de Salta.

Para las provincias del NOA, sin embargo, el aumento del corte es solamente una parte de la discusión. El reclamo central es que la nueva ley permita generar las condiciones para que los ingenios y destilerías puedan invertir en mayor capacidad productiva y convertir al bioetanol en una actividad estratégica para el desarrollo regional.

Tucumán: “No queremos que nos regalen nada”

El vicegobernador de Tucumán, Miguel Ángel Acevedo, fue uno de los primeros en marcar la posición política de la provincia y del NOA. En su discurso destacó el papel de la industria azucarera y defendió la necesidad de avanzar hacia un mayor uso de energías renovables producidas en la región. “No estamos pidiendo ningún privilegio, porque nosotros tenemos la caña, tenemos la industria, industriales capacitados y con la energía suficiente para llevar a cabo el desarrollo de Tucumán”, sostuvo.

Acevedo planteó que el desafío es aprovechar las capacidades productivas existentes y generar un marco que permita ampliar la actividad. “Queremos desarrollar, apoyamos el corte, queremos ir del 12% al 15%, pero para eso se necesita inversión”, afirmó el titular de la Legislatura tucumana. En ese punto ubicó uno de los principales reclamos del sector: seguridad jurídica y reglas de largo plazo. “Para que esa inversión se realice necesitamos una seguridad jurídica”, señaló, al advertir que las inversiones en capacidad industrial no pueden depender de decisiones de corto plazo o de los intereses coyunturales de las compañías petroleras.

Por eso, el vicegobernador expresó el respaldo de Tucumán al proyecto que se encuentra en el Senado. “Apoyamos esta iniciativa que está en el Senado, que se llegue a concretar, porque eso significa desarrollo y crecimiento para el norte argentino”, enfatizó ante un auditorio repleto en el segundo piso del Hotel Catalinas Park del centro de la capital.

La defensa del bioetanol fue presentada además como parte de una agenda federal. Acevedo sostuvo que el objetivo no es solamente beneficiar a Tucumán, sino reducir las asimetrías históricas entre el Norte y otras regiones del país. “Esto no es una lucha de Tucumán. Lo tenemos que enmarcar dentro de un federalismo que cada vez se impone más”, remarcó.

Jujuy también cerró filas detrás de la nueva regulación

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, coincidió con el planteo tucumano y destacó que el bioetanol representa para la región una herramienta de desarrollo económico y social. “El bioetanol particularmente para nosotros significa desarrollo económico, significa desarrollo social”, afirmó durante la apertura.

Sadir consideró que la Cumbre adquiere especial relevancia porque el sector se encuentra frente a la posibilidad concreta de modificar el marco regulatorio. “Estamos, creo que, como tal vez no en otras oportunidades, ante la inminencia de la posibilidad de que se produzcan cambios importantes”, señaló.

Daniel Abad, Carlos Sadir y Miguel Ángel Acevedo estuvieron acompañados en la apertura por la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y Martín Giaccio, subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores del Ministerio de Economía de la Nación.

El gobernador jujeño puso el foco no solamente en el porcentaje de corte, sino también en el funcionamiento futuro del mercado. “Acá hemos hablado del corte, de la idea de aumentar el corte, pero también quiero decir que seguramente habrá conclusiones respecto del mercado, de cómo tiene que funcionar el mercado, de cómo es el tema de los precios y la transparencia o no del mercado”, explicó el mandatario jujeño.

Para Sadir, esas definiciones serán centrales para determinar cómo se desarrollará el negocio en los próximos años. “Tenemos que pelear por la mejor normativa que nos sirva a toda la región, a toda la liga, pero obviamente también pensando en nuestros empresarios y trabajadores, porque también es el futuro de ellos”, remarcó.

El mandatario jujeño también destacó que una mayor producción de bioetanol puede convertirse en una alternativa para los ingenios frente a las dificultades que atraviesan otras actividades vinculadas al sector. “Creo que esto es una gran posibilidad y alternativa”, concluyó.

El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, planteó la discusión desde una perspectiva productiva. Según explicó, el proyecto que llegó al Senado es el resultado de un proceso de negociación entre las provincias y los distintos sectores que integran la cadena de biocombustibles. “Este es la culminación de un trabajo muy arduo que se ha venido realizando durante bastante tiempo con la Liga de Biocombustibles, tanto de caña de azúcar, de maíz, de biodiésel”, señaló. La Liga está integrada por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Tucumán y Salta.

Abad destacó que el objetivo fue alcanzar un proyecto consensuado entre las distintas regiones productoras. “Es la culminación con un proyecto consensuado que hoy está en el Senado de la Nación y que próximamente entendemos que va a ser tratado”, afirmó.

El ministro sostuvo que las provincias hicieron su parte al impulsar el consenso político y legislativo y que ahora el desafío pasa al sector privado. “El Estado, los estados provinciales, Jujuy y Tucumán, Córdoba con el tema del maíz, Salta y las provincias del biodiésel, como Entre Ríos o Santa Fe, han hecho un esfuerzo tremendo para llegar a un consenso”, explicó el jefe de la Hacienda tucumana. Y lanzó una definición que sintetizó el espíritu del encuentro: “Como se dice en términos futboleros, la pelota va a estar a partir de la sanción de esta ley en ustedes, señores”.

Una ley que puede redefinir el negocio de los biocombustibles

El proyecto en discusión no se limita al incremento del corte de bioetanol. También propone cambios en el funcionamiento del mercado, mecanismos de comercialización y mayor transparencia en la formación de precios, además de contemplar otros combustibles renovables. Por eso, la Cumbre funciona como una plataforma política y técnica para discutir qué tipo de mercado pretende construir la Argentina.

Tal como reveló Ámbito, la demanda en torno a la reforma de Ley N° 27.640, que establece un marco regulatorio de biocombustibles hasta 2030, era cuasi unánime: sancionada en el 2021, proponía cortes en los combustibles de hasta un 5% en biodiésel -producido con aceites vegetales- y un 12% en bioetanol -realizado con azúcar y almidón de cereales-.

Los reclamos de sectores productivos son aumentar los cortes que se mezclan con los combustibles fósiles tradicionales, lo que tiene aceptación mayoritaria por la posibilidad de evitar la dependencia del petróleo crudo y la reducción del impacto ambiental. Se estima que exista un impacto en el costo final del combustible de entre un 3% (según YPF) y un 10% (según la Secretaría de Energía).

Ante esta situación, en 2025 dos senadoras (Carolina Moisés -Jujuy- y Alejandra Vigo -Córdoba-) insistieron en la sanción de un proyecto. El debate avanzó hasta octubre de ese año, cuando se presentó el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Veller, a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. El funcionario ratificó la demanda por una nueva ley pero planteó diferencias con las legisladoras considerando que “no tienen suficiente consenso, porque hay oposiciones sectoriales y personales” y explicando que “es sumamente complejo encontrar una posición que deje a todas las partes, al menos, con la sensación de que ha sido tenida en cuenta su posición”. Ante ello, una presentación de Patricia Bullrich en mayo de este año terminó de establecer la postura del Gobierno.

En representación de La Libertad Avanza, la senadora propuso un régimen que se extienda durante 15 años en donde se amplíe el corte del biodiésel del 7,5% al 10% y el bioetanol al 15%, proponiendo que la composición de este último contenga un 6% de materia de origen de la caña de azúcar y otro 6% del maíz, de forma tal de equilibrar la promoción de ambos sectores. Además se establece la procedencia nacional de la producción y que los precios máximos de mercado no podrán superar los resultantes de un índice acorde a las tarifas internacionales.

Siete proyectos y un mismo desafío: cómo cambiar la Ley de Biocombustibles

La discusión por una nueva ley de Biocombustibles ingresó en una etapa decisiva en el Senado, donde ya existen siete proyectos con estado parlamentario y un amplio consenso político sobre la necesidad de reemplazar el régimen vigente. Sin embargo, detrás de ese acuerdo general aparecen diferencias relevantes sobre el nivel de apertura del mercado, las importaciones, la participación de las petroleras y la inclusión del biodiésel en la reforma.

Durante el primer panel de la Cumbre sobre la marco regulatorio, la senadora nacional por Tucumán Beatriz Ávila destacó que haya siete iniciativas y que su propio proyecto, presentado en 2022, propone llevar el corte de bioetanol al 18%, mientras que la mayoría de las restantes iniciativas plantean llegar al 15%. “Lo importante es que podamos debatir y aumentar. En Brasil no se habla de si se puede o no se puede aumentar el corte. En Brasil (con 25% de corte) se habla de cuánto van a aumentar”, sostuvo Ávila, quien planteó avanzar gradualmente y tomar la experiencia brasileña como referencia.

La legisladora consideró que el nuevo marco debe garantizar previsibilidad de largo plazo para que el sector privado pueda invertir, y planteó que la discusión no debería quedar limitada al porcentaje de mezcla. También reclamó incorporar al debate a la industria automotriz y promover políticas provinciales que permitan elevar aún más los cortes obligatorios establecidos por la legislación nacional.

Uno de los principales contrapuntos aparece alrededor del grado de apertura que debería tener el mercado. La senadora salteña Flavia Royón cuestionó particularmente la posibilidad de habilitar importaciones cuando el precio internacional resulte competitivo. “El factor del precio no puede ser la única variable para determinar la apertura de mercado”, afirmó.

Según Royón, una apertura basada exclusivamente en el precio podría dejar expuesta a la producción nacional frente a situaciones de sobreoferta, dumping o decisiones de política económica tomadas en otros países. El riesgo, advirtió, es que una ola de importaciones afecte la producción local y, con ella, el empleo y las inversiones.

La senadora sostuvo que Argentina necesita integrarse al mercado internacional, pero “de manera inteligente”, con mecanismos de adaptación para los sectores que eventualmente pierdan competitividad. En ese sentido, su proyecto propone un enfoque más amplio que el bioetanol y el biodiésel: apunta a establecer un régimen de bioenergías, incorporando también biogás y combustibles sostenibles de aviación (SAF).

Royón también planteó que las empresas privadas de transporte puedan tener la posibilidad de incrementar voluntariamente el porcentaje de mezcla, incluso hasta niveles como el 18%, cuando exista capacidad técnica y económica para hacerlo.

El proyecto oficial y el dilema del biodiésel: ¿lo quitan del proyecto oficial?

Por su parte, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Andrés Leone, uno de los defensores del proyecto impulsado desde el oficialismo a través de Patricia Bullrich, coincidió en que el objetivo debe ser avanzar hacia una matriz energética más diversificada, pero advirtió sobre los riesgos de una liberalización abrupta. “Lo ideal es lograr que se pueda desarrollar todo el potencial que tiene el país para desarrollar todo lo que es el biocombustible”, señaló.

Leone puso el foco en la necesidad de reducir la dependencia de los hidrocarburos y aprovechar las ventajas comparativas argentinas en materia de biomasa, agricultura, recursos humanos y capacidad industrial. Pero reconoció que la transición hacia un mercado más abierto debe ser gradual. “No podemos de un día para el otro abrir todo de una manera descontrolada porque generaríamos cierre de ingenios y problemas donde tenemos un potencial gigante para poder explotar algo”, sostuvo.

El principal problema político que aparece en el Congreso es la situación del biodiésel. Mientras existe un consenso mucho más amplio entre las provincias productoras respecto del bioetanol, las diferencias son mayores cuando se incorpora el biodiésel al mismo proyecto. Ante la posibilidad de que esa discusión termine frenando toda la reforma, Leone reconoció que debería existir una alternativa específica para el bioetanol. “Sí, tiene que haberlo porque no puede un biocombustible frenar el desarrollo del otro”, afirmó sobre un posible Plan B.

Según explicó el legislador porteño, existe la posibilidad de trabajar sobre un esquema que permita avanzar con el bioetanol si no se consigue destrabar simultáneamente el capítulo referido al biodiésel.

La discusión sobre quién puede producir y cómo se reparte el mercado

El especialista en biocombustibles Claudio Molina, con tres décadas de experiencia en el sector, introdujo otro de los puntos sensibles de la discusión: las condiciones de competencia y la concentración del mercado.

Molina recordó que el proyecto presentado por Bullrich requiere modificaciones desde la perspectiva de distintos actores de la cadena y que varias de esas correcciones aparecen en las otras iniciativas que están siendo analizadas por el Senado. Uno de los puntos señalados está relacionado con las restricciones que actualmente impiden a determinados actores participar de la producción destinada al mercado interno. Según planteó Molina, el debate debería revisar esas limitaciones y, al mismo tiempo, evitar una concentración excesiva de la oferta.

También puso sobre la mesa la necesidad de revisar el tratamiento de las importaciones, tomando en cuenta las asimetrías existentes entre los mercados y el tiempo que requiere una industria para adaptar sus inversiones. La discusión, en definitiva, queda planteada entre dos objetivos que no necesariamente son incompatibles: mayor competencia y eficiencia, pero con condiciones que permitan sostener la producción nacional y las inversiones.

Molina aportó un argumento técnico para respaldar esa posibilidad. Recordó ensayos realizados en Córdoba que demostraron que los motores convencionales podían funcionar con mezclas de hasta 17% de bioetanol, lo que, a su criterio, brinda sustento técnico a una eventual evolución hacia niveles superiores.

La discusión ya no pasa solamente por determinar cuánto bioetanol puede incorporarse a las naftas, sino por construir las condiciones para que esa mayor demanda se traduzca en nuevas inversiones, ampliación de capacidad industrial, mayor producción de caña y maíz, generación de empleo y agregado de valor.

Molina también planteó una cuestión de fondo que atraviesa todo el debate: la dificultad histórica de Argentina para sostener políticas energéticas durante períodos prolongados.

Recordó que la Ley 26.093, aprobada en 2006, tuvo un respaldo político transversal y fue, según su visión, una de las grandes políticas de Estado vinculadas a los biocombustibles. En contraposición, señaló que la Argentina suele moverse bajo una lógica pendular, con cambios de orientación que afectan la planificación de las inversiones. “Brasil miró con faros largos y sostuvo esa política, y en Argentina tenemos la política del péndulo”, resumió.

El especialista consideró que la oportunidad actual es particularmente relevante porque la transición energética global está ampliando el espacio para los combustibles renovables. En ese escenario, el NOA cuenta con una cadena de valor consolidada alrededor de la caña de azúcar, mientras Córdoba y otras provincias tienen una fuerte capacidad vinculada al maíz y el biodiésel.

Fuente: diario Ámbito