El FMI alarmado por el caso Adorni: apuntó contra la falta de transparencia del Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una fuerte advertencia sobre los mecanismos de transparencia, control patrimonial y funcionamiento judicial en la Argentina, en un informe técnico difundido tras aprobar la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei y habilitar un desembolso de US$1.000 millones.

Las observaciones aparecen en el denominado Box 9 del reporte del staff técnico, dedicado a la “Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”, y llegan en medio de la polémica por las declaraciones patrimoniales y los viajes al exterior del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El plazo original para presentar las declaraciones juradas vencía el 30 de mayo, aunque el Gobierno prorrogó la fecha hasta el 31 de julio.

Aunque el organismo respaldó la política económica de Milei y elogió el proceso de desregulación impulsado desde diciembre de 2023, también dejó cuestionamientos explícitos sobre los sistemas de control estatal. “Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”, sostuvo el documento. Y agregó: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.

El reporte también apuntó contra los mecanismos de control sobre incompatibilidades y conflictos de interés. “Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, afirmó el staff técnico. Para el Fondo, el problema no pasa solamente por las demoras en publicar información patrimonial, sino también por la capacidad del Estado para verificar y auditar efectivamente esas declaraciones.

El FMI además incluyó una crítica directa al funcionamiento de la Justicia argentina. “La percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, señaló el informe, que también mencionó “demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”. Pese a esos cuestionamientos, el organismo destacó la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y las reformas de desregulación aplicadas por el Gobierno. Incluso sostuvo que esas medidas redujeron espacios históricamente vinculados a prácticas corruptas al disminuir la discrecionalidad estatal.