La Corte rechazó una demanda ambientalista contra empresas que operan en Vaca Muerta

La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda ambiental contra empresas que operan en la formación Vaca Muerta, al considerar que durante más de dos décadas de trámite judicial no se acreditó la existencia de un daño ambiental concreto.

La causa había sido iniciada en 2003 por parte de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa) contra compañías petroleras y gasíferas que explotan áreas de la denominada Cuenca Neuquina.

Entre ellas YPF, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, TotalEnergies, Pan American Energy y Vista Energy. También participaron como terceros el Estado nacional y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

Assupa reclamaba que las empresas realizaran tareas de recomposición ambiental por presuntos daños sobre suelos, aguas superficiales y subterráneas y el aire, además de restaurar áreas afectadas por la actividad hidrocarburífera y constituir un fondo de restauración ambiental previsto en la Ley General del Ambiente.

En el fallo, el máximo tribunal sostuvo que la asociación demandante no logró precisar “circunstancias de tiempo, modo y lugar” sobre los hechos denunciados ni identificar daños concretos que excedieran el ámbito provincial.

La sentencia señaló que la ONG formuló cuestionamientos genéricos contra la actividad hidrocarburífera “en cualquiera de sus formas”, sin determinar qué zonas específicas habrían sido afectadas ni cómo se habría producido la contaminación.

Los jueces remarcaron además que, a lo largo del proceso, la Corte había advertido en reiteradas ocasiones sobre la “vaguedad e imprecisión” de la demanda.

Según el fallo, firmado por el juez Horacio Rosatti y los conjueces Silvina Andalaf Casiello (Rosario), Rocío Alcalá (Resistencia) y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas (Salta), la prueba ofrecida por Assupa no buscaba corroborar hechos concretos, sino avanzar en una investigación general sobre eventuales daños ambientales.

En su demanda, Assupa había reclamado que se condenara a las empresas a realizar “todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados por la actividad que desarrollan”.

Fuente: diario Clarín