Moyano aseveró que la reforma de la ley de salud mental es “un profundísimo retroceso”

El Senado comenzará a debatir hoy la reforma de la ley de salud mental que impulsa el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa apunta a modificar criterios de internación y reordenar el enfoque del sistema, entre otras cuestiones. El proyecto será tratado en un plenario conjunto de las comisiones de Salud y de Legislación General. 

Paralelamente, en nuestra ciudad en el marco del plan de lucha que vienen desarrollando en la Universidad Nacional del Sur frente al incumplimiento del Ejecutivo nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, habrá una clase pública sobre la situación actual de salud mental en Argentina en las escalinatas de la casa de altos estudios, en Alem 1253. Será desde 18 y contará entre los disertantes con el director del Hospital Penna, Jorge Moyano.

Adelantó que dialogarán sobre el documento que elaboraron 17 provincias en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) en el que abordaron de manera amplia y detallada toda la situación de la salud mental del país en los últimos dos años.

Una de las conclusiones a las que llegaron es el retiro progresivo del Estado de las políticas de salud mental. 

“Tenemos una estructura y una legalidad muy avanzada en relación a lo que tiene que ver con la atención de la salud mental, pero hay un gran incumplimiento de la norma actual porque por lo menos el 10% del presupuesto de salud tiene que estar destinado a salud mental y hoy no llega al 1,3%”, aseveró.

En ese sentido, advirtió que el Gobierno está proponiendo una reforma de la ley 26.657 promulgada en 2010 y reglamentada en 2013 que ni siquiera está cumpliendo.

“El proyecto es un profundísimo retroceso por distintos motivos”, resumió.

Planteó que en los últimos cinco años se registró un incremento de las internaciones en más del 60% y un aumento de las consultas de salud mental ambulatoria en un 134%. “Lo que va cambiando es el país, es la situación de la salud mental de una nación, y en todo caso lo que deberíamos hacer para juzgar o evaluar la aplicación de la ley es primero cumplirla porque nunca tuvo plena implementación en todo el territorio federal, sí en algunas provincias. Cumplamos la ley, llevemos a fondo lo que tiene que ver con el aumento presupuestario, la creación de las instituciones y los espacios necesarios para la atención, y después en todo caso, discutamos cambios”, reclamó.

Sobre la reforma que impulsa La Libertad Avanza, dijo que el documento tiene una redacción muy casera, alejada de todo carácter legislativo y solo contempla 5 ideas para que sean discutidas por las comisiones del Senado. “No hay una propuesta profunda y seria”, cuestionó.

En primer lugar, indicó que se plantea la retirada absoluta del financiamiento del Estado en materia de salud mental, dejándola en manos de las provincias: “Es decir, se proponer una ley que no va a tener financiamiento”. 

En segundo lugar, expuso el cambio en cuanto al abordaje hoy interdisciplinario donde para definir una internación tiene que haber por lo menos dos disciplinas que estén involucradas en la toma de decisiones, como son psiquiatría y psicología, o alguna de ellas dos, con otra como puede ser enfermería, trabajo social, clínica médica, etc. 

En la actualidad, precisó, hay en Argentina alrededor de 6.000 psiquiatras y para que cubrir todo el territorio público se necesatarían por lo menos 25.000: “Si con estos números de psiquiatras que tenemos no alcanza y dejáramos únicamente en manos de la psiquiatría la entrada a la internación, imagínate lo que sería el sistema”. 

Remarcó que la ley actual lo que propone es que los equipos interdisciplinarios generen las internaciones, mientras que el Gobierno plantea que todo vuelva a pasar por manos de la o el psiquiatra. Sumado a que el proyecto no habla de padecimientos mentales, sino de trastornos mentales o enfermedad mental, términos, recordó, que se abolieron completamente en la legislación actual.

Puso como ejemplo lo que ocurre en el Hospital Penna donde las internaciones mayoritarias de salud mental tienen que ver con consumos problemáticos. “Eso no puede ser catalogado de buenas y primeras como una enfermedad mental que necesita ser medicada de todas las formas y en todos los casos de manera similar”, consideró. 

Y agregó: “Los consumos problemáticos hablan de un entorno social, de una familia, de un trabajo, de un esquema de barrio, de un lugar de vivienda, etc, que necesita un abordaje”.

Moyano rechazó la idea de que todo se soluciona con el encierro: “Los que trabajamos en esto sabemos que la dificultad no está en el interior de una institución que encierra, sino cuando la persona, luego de haber estado un tiempo sin consumir, por ejemplo, tiene que salir y vérselas en la calle, con su trabajo, con sus amigos, con su familia. Ahí es donde se necesita el mayor abordaje en términos de salud mental: en la comunidad”.

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