“Cuando el sistema no cuida a quienes cuidan”

La muerte de un colega y la investigación judicial que se abrió después no deberían quedar encerradas en la lógica del escándalo. Hay una dimensión penal que deberá resolver la Justicia. Pero también hay una dimensión más profunda, más incómoda y más cercana: la del desgaste de quienes sostienen todos los días el sistema de salud. En Bahía Blanca, donde la presión asistencial es cada vez más visible, esa discusión ya no puede postergarse.

La muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar conmovió al mundo de la salud y abrió una investigación judicial compleja. Lo que hoy está públicamente confirmado es que la autopsia indicó una sobredosis de propofol y fentanilo, que se investiga el origen de esos fármacos y que hay dos profesionales imputados en la causa por presunto desvío de anestésicos. También circularon audios y versiones sobre reuniones privadas en las que esas drogas eran utilizadas fuera del ámbito asistencial, pero no todo lo difundido públicamente tiene el mismo valor que la prueba judicial. Ese primer límite es indispensable: una tragedia profesional no puede convertirse en materia prima para el morbo. 

Sin embargo, evitar el sensacionalismo no implica cerrar los ojos. Al contrario: obliga a mirar más hondo. Porque aun cuando la causa determine responsabilidades individuales concretas, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que el sistema de salud suele esquivar: ¿qué pasa cuando quienes cuidan a los demás dejan de ser cuidados a tiempo? ¿Qué ocurre cuando el agotamiento, la sobrecarga, el sufrimiento psíquico y la exposición permanente a situaciones límite se naturalizan como si fueran parte inevitable del oficio? Esas preguntas no buscan absolver a nadie. Buscan entender por qué el daño, muchas veces, comienza mucho antes del expediente judicial. 

El artículo publicado este año en JAMA por Michael Philip Atkinson propone una idea tan simple como decisiva: cuidar al profesional de la salud no es un beneficio periférico ni una concesión administrativa, sino una obligación moral del sistema. El texto sostiene que el bienestar del médico no debe defenderse solo porque mejora la productividad o reduce la rotación de personal, sino porque el sistema tiene un deber ético de preservar a quienes sostienen la atención. Y agrega algo aún más importante: el cuidado del profesional no compite con la seguridad del paciente; la hace posible.

Ese punto no es teórico. La evidencia acumulada en los últimos años mostró que el burnout médico se asocia con mayor riesgo de prácticas inseguras, conductas profesionales deterioradas y menor satisfacción de los pacientes. Una gran revisión y metaanálisis publicada en JAMA Internal Medicine encontró que el burnout en médicos se vinculó con aproximadamente el doble de probabilidades de atención insegura y comportamientos poco profesionales. En enfermería, una revisión más reciente mostró una asociación consistente entre burnout, menor seguridad, peor calidad de atención y menor satisfacción de los pacientes. Dicho de otro modo: cuando el sistema no cuida a su personal, no solamente lastima a los trabajadores. También compromete la atención que recibe la comunidad.

En anestesiología, además, la discusión adquiere una gravedad particular. La bibliografía especializada viene advirtiendo sobre la relevancia de los trastornos por uso de sustancias en esta especialidad, entre otras cosas por el acceso a fármacos de altísimo poder adictivo y potencial letal. Eso no autoriza a estigmatizar a una disciplina ni a extrapolar un caso a todo un colectivo profesional. Pero sí obliga a recordar que allí donde existe acceso cotidiano a drogas críticas, la prevención no puede depender solo de la voluntad individual o del silencio de pasillo. Hace falta trazabilidad rigurosa, supervisión real, protocolos de alerta temprana, derivación protegida, asistencia en salud mental y una cultura institucional que no trate el pedido de ayuda como una mancha.

Bahía Blanca conoce demasiado bien lo que significa trabajar al límite. En la apertura de sesiones de este año, el propio intendente y las autoridades sanitarias locales describieron un “evidente deterioro” del sistema privado y de las obras sociales y mostraron cifras que hablan por sí solas: durante 2025, el Hospital Municipal atendió a 350 mil pacientes; 84 mil pasaron por la guardia y 95 mil por consultorios externos. En ese mismo contexto, a fines del año pasado, el presupuesto específico del Hospital Municipal fue rechazado en el Concejo Deliberante, abriendo una discusión pública sobre recursos, prioridades y capacidad de respuesta del principal efector de salud de la ciudad. No hace falta exagerar el diagnóstico para entender que se trata de un sistema sometido a una presión creciente.

Esa presión no se mide solo en números de consulta, camas o guardias. También se mide en cansancio acumulado, en equipos que sostienen más de lo que deberían, en enfermeros y médicos que conviven con la demanda continua, la falta de descanso, la responsabilidad crítica y el temor a equivocarse. Se mide en residentes que aprenden en escenarios de alta exigencia, en jefes que administran escasez, en trabajadores que sienten que deben soportarlo todo porque pedir ayuda todavía se confunde con debilidad. El problema es que el cuerpo y la mente, tarde o temprano, presentan factura. Y cuando el sistema solo exige y nunca contiene, la factura la pagan los equipos, las instituciones y también los pacientes. Esa relación entre carga, burnout y seguridad ya está ampliamente documentada.

Por eso sería un error leer esta tragedia apenas como una historia policial o como una rareza ajena. También sería un error utilizarla para alimentar versiones no probadas o condenas prematuras. Lo verdaderamente importante es otra cosa: aceptar que las instituciones sanitarias tienen el deber de detectar antes, acompañar antes y actuar antes. Antes del colapso. Antes del consumo problemático. Antes del encubrimiento informal. Antes del error grave. Antes de la muerte. Cuando el sistema llega recién al final, ya llegó tarde.

Ninguna editorial seria puede reemplazar a la Justicia ni explicar por sí solo una tragedia humana. Pero sí puede advertir algo que en la práctica diaria solemos olvidar: no alcanza con pedir vocación, sacrificio o entrega. No alcanza con admirar a quienes trabajan de noche, sostienen guardias imposibles o siguen atendiendo cuando faltan recursos. Un sistema digno no se construye solo con heroísmo. Se construye con condiciones de trabajo razonables, con liderazgo responsable, con dispositivos de apoyo, con salud mental accesible, con trazabilidad de medicamentos, con control institucional y con la decisión ética de proteger a quienes sostienen la atención.

Bahía Blanca necesita dar esa discusión sin estridencias y sin oportunismo. No para transformar una tragedia ajena en consigna local, sino para reconocer una verdad que atraviesa a todo el personal de salud: médicos, enfermeros, técnicos, residentes, kinesiólogos, camilleros y tantos otros están expuestos a una tensión sostenida que no puede seguir considerándose normal. Si de verdad queremos defender la seguridad del paciente, hay que empezar por asumir algo elemental: cuidar al profesional de la salud no es un agregado opcional del sistema. Es una obligación moral y ética. Y cuando esa obligación se incumple, las consecuencias no terminan en los trabajadores: alcanzan a toda la comunidad.

Dr. Sergio Lasdica

MP 38636 MN: 83724

Especialista Jerarquizado en Terapia Intensiva.