“Hay sectores que no solo son negacionistas sino que además son reivindicativos de muchas de las acciones”, aseveró.
La Ley de Autoamnistía fue promulgada el 22 de septiembre de 1983 por el presidente de facto Reynaldo Bignone con el objetivo de impedir el juzgamiento de quienes cometieron delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1982. Finalmente la norma fue derogada el 22 de diciembre de 1983, ya en democracia, por el presidente Raúl Alfonsín.
“Alfonsín planteó muy bien que no se podía mirar al pasado como si nada hubiera ocurrido porque significaba una claudicación ética; él le dio una dimensión ética y moral a la derogación de la ley de autoamnistía”, analizó esta mañana en diálogo con Radio Altos el abogado y profesor universitario Federico Storani.
Destacó que Alfonsín tuvo el coraje, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas como presidente de la Nación, de dictar los decretos tanto para el procesamiento de las Juntas Militares por delitos de lesa humanidad como también para aquellos que habían hecho del ejercicio de la violencia un hábito que había generado una situación caótica también en el país. Y sumó como tercer decreto importante la creación de la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, cuya tarea, enfatizó, fue tan enorme que sirvió, incluso, como base del alegato del fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas.
“Eso es lo que ha quedado como legado de lo que nosotros denominamos el pacto democrático. Y hoy ese pacto está en peligro”, alertó.
En ese sentido, advirtió que hay sectores que no solamente son negacionistas de lo que ocurrió, que fue probado con evidencia y juzgado con el debido proceso, sino que además son reivindicativos de muchas de esas acciones.
Frente a esta situación, planteó que es importantísimo que en estas fechas tan conmocionantes como la del 24 de marzo, la memoria esté muy presente, “no para tomar ninguna revancha porque ya se ha hecho justicia”, sino para consolidar la base de cualquier proceso democrático, que es un consenso sobre los valores que vamos a defender”.
“Tengo fundados temores”, insistió sobre el peligro que entiende acecha al pacto democrático.
Remarcó que el intento de disminuir la importancia de los derechos humanos no empezó ahora, sino que el propio expresidente Mauricio Macri hablaba del “curro de los derechos humanos”, y ahora la actual vicepresidenta de la Nación es negacionista y hasta en algunos casos reivindicacionista de la acción de las Fuerzas Armadas “que produjo tanto dolor en la República Argentina”.
“Estaba bien, por supuesto, combatir dentro del marco de la ley y del derecho toda acción subversiva, pero aquí, como ya se comprobó y reivindicamos, se utilizó un método sistemático ilegal que finalmente fue constituyéndose en terrorismo de Estado. Sin embargo, hay muchos que lo intentan justificar, explicar e incluso cada vez que aparecen estas fechas como un momento de recordar, aparece la posibilidad de llevar adelante algún indulto cuando sabemos que sería un retroceso importante”, subrayó.
Al ser consultado respecto de un posible indulto, afirmó que no cree que exista la posibilidad. De hecho, estimó que mañana la movilización a 50 años del golpe de Estado será mayor que la de años anteriores.
“No solamente está el factor del motivo central que es el Nunca Más, sino el no retroceder, el defender los derechos conquistados que se están perdiendo en muchos casos, que no abarcan solamente los que podrían ser los derechos de origen primario como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, sino que también hay otros derechos que se han ido perdiendo como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la calidad humana que significa el concepto de desarrollo humano. Todo eso se ha ido perdiendo de manera muy fuerte, por lo tanto, creo que los motivos para sentirse convocados son muy diversos, muy grandes, y esta movilización va a ser este año masiva”, expresó, por último.