Otra denuncia contra Quirno y Sturzenegger por un contrato millonario en Cancillería

Una nueva denuncia en la justicia federal se conoció este miércoles contra el canciller Pablo Quirno, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y su esposa, la directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, María Josefina Rouillet, por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, abuso de autoridad e infracción a la ley de Ética Pública.

La presentación fue realizada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, de la agrupación Arco Social, ante la Justicia Federal y apunta a una contratación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la provisión de cursos de capacitación en idioma inglés destinados al personal de la cartera.

Fue la primera que se sorteó hoy en los tribunales de Comodoro Py, y quedó radicada en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos.

El eje de la denuncia

Según consta en la denuncia, el procedimiento de contratación culminó con la adjudicación a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad cuya Dirección Ejecutiva está a cargo de Rouillet, esposa del ministro Sturzenegger.

El contrato —formalizado mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE— implicó, de acuerdo al escrito, “la asignación de una suma millonaria de fondos públicos, superior a los cien millones de pesos”.

Para el denunciante, ese monto imponía “un especial deber de legalidad, transparencia y prevención de conflictos de intereses”, deber que —sostiene— no fue cumplido.

“La existencia del vínculo conyugal entre el ministro y la Directora Ejecutiva de la entidad adjudicataria constituía un supuesto típico de conflicto de intereses que exigía la adopción de medidas concretas de abstención, excusación y control reforzado. Sin embargo, tales medidas no fueron adoptadas”, afirma la presentación.

Qué delitos se les atribuye

Respecto de Sturzenegger, la denuncia sostiene que, aun cuando no hubiera firmado el acto administrativo, la figura penal se configura si existió una influencia funcional o política.

“No resulta exigible, a los fines típicos, la prueba de una orden expresa o de una firma directa del ministro en el acto administrativo”, se señala.

En cuanto a Quirno, el escrito remarca que, como Canciller, tenía “la máxima responsabilidad política y administrativa sobre los actos celebrados” por la cartera. Y agrega: “Pese a ello, el Canciller formalizó la contratación con una entidad dirigida por la esposa de un ministro del mismo Poder Ejecutivo, sin disponer controles adicionales ni mecanismos de prevención del conflicto de intereses”.

La conducta atribuida al titular de Relaciones Exteriores “configura prima facie un abuso de autoridad”, sostiene el denunciante, al considerar que se llevó adelante “un acto administrativo contrario a los deberes impuestos por la normativa vigente”.

Sobre Rouillet, la denuncia afirma que “aceptó y ejecutó una contratación estatal en un contexto de incompatibilidad evidente” y que su rol “excede el de una beneficiaria pasiva”.

Según el escrito, su intervención habría sido necesaria para la consumación del presunto delito de negociaciones incompatibles.

Marco legal

El planteo encuadra los hechos en los artículos 265 y 248 del Código Penal, que reprimen las negociaciones incompatibles con la función pública y el abuso de autoridad, respectivamente, además de señalar una posible infracción a la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El denunciante subraya que, para la configuración del delito previsto en el artículo 265, no se requiere que exista un perjuicio económico concreto para el Estado, sino la existencia de un interés incompatible que afecte la imparcialidad de la función pública.

“La contratación no fue precedida por explicaciones suficientes que justificaran la elección de la entidad adjudicataria frente a otras alternativas existentes en el mercado”, sostiene la denuncia, y agrega que la capacitación en idioma inglés “constituye un servicio ampliamente ofrecido por múltiples proveedores idóneos”.

Las medidas solicitadas

En el escrito se solicitó, entre otras medidas, que se requiera el expediente administrativo completo, informes al sistema COMPR.AR, intervención de la Oficina Anticorrupción y de la Sindicatura General de la Nación, así como información fiscal y bancaria vinculada a la asociación adjudicataria.

Además, el denunciante pidió que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a Quirno, Sturzenegger y Rouillet.

“La gravedad institucional de los hechos denunciados se ve incrementada por el monto involucrado y por la jerarquía de los funcionarios implicados. Ello compromete seriamente la confianza pública en la administración estatal”, concluye la presentación.

Ayer se presentó otra denuncia penal interpuesta por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación RESET Republicano.

Pero la primera sorteada fue la de Arco Social, por lo que se estima que ambas se fusionarán en el juzgado a cargo de Ramos.

Fuente: diario Ámbito