Emergencia en discapacidad: el gobierno no reglamentó el artículo sobre talleres protegidos

El pasado miércoles a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 84/2026 el gobierno de Javier Milei reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Cumplió así con la sentencia judicial que le había ordenado al Estado avanzar con la aplicación de la norma, aprobada por el Congreso el año pasado, pero cuya entrada en vigencia había quedado supeditada a la disponibilidad presupuestaria.

Tras la reglamentación de la norma, se generó preocupación entre los talleres protegidos porque nada se dice del artículo 4°, inciso e), punto central para la sostenibilidad de esos espacios que actualmente emplean en todo el país a alrededor de 9.000 personas con discapacidad.

Ese artículo establece la obligación del Estado de garantizar un financiamiento adecuado y sostenible para el cumplimiento de la Ley N.º 26.816 de Empleo Protegido. Desde febrero de 2023, no se actualiza el valor de $28.000 que cobra cada una de las personas que trabaja en los talleres protegidos.

“Estamos preocupados, siguiendo todo este tema de cerca para que el futuro de los talleres protegidos sea el que se merecen y que estén contemplados en la órbita de esta ley de emergencia nacional de discapacidad”, remarcó Mónica Pizarro, integrante de la Federación de Talleres Protegidos de Buenos Aires y directora del taller de la Asociación Civil Todo para Ellos de Necochea.

Lo que le reclaman al Ejecutivo nacional es que confirme si ese artículo 4 de la ley que declaró la emergencia en discapacidad es autoaplicativo y no necesita reglamentación. Sino exigen que se adopten medidas urgentes para garantizar su inmediata implementación.

Destacó que los talleres protegidos son ámbitos de trabajo para personas con discapacidad que por distintos motivos no pueden acceder al mercado laboral a nivel competitivo y recalcó que son sostenidos por organizaciones civiles. “Esta modalidad de empleo protegido es legal en nuestro país a través de otra ley que es la 26.816. El Estado tiene que apoyar a estos emprendimientos con aportes a las organizaciones y a los trabajadores. Hoy lo que está en riesgo es ese aporte del Estado al sector”, advirtió.

Según expuso, desde que asumió Javier Milei la presidencia desde la FETAP no han mantenido diálogo con funcionarios nacionales, pese a los reiterados pedidos de reuniones. Y cuestionó que desde 2023 se mantenga congelado el monto de $28.000 que cobran por mes las personas con discapacidad que trabajan en los talleres protegidos.

De hecho, la ley de emergencia en discapacidad incluye un aumento del estímulo que, según la ley, debe corresponder al 40% de un salario mínimo vital y móvil. “No logramos ni ese aumento, no logramos el diálogo para poder hablar y saber cuál es el objetivo del Estado en relación a este tema”, aseveró.

Pizarro subrayó que se encuentran en una situación de incertidumbre porque al no estar reglamentado el artículo 4, no tienen ninguna certeza de que los talleres protegidos reciban los fondos necesarios para seguir funcionando. 

“Sin los aportes del Estado los trabajadores se quedarían sin su estímulo y los talleres protegidos que están como el resto de las organizaciones del país, endeudados, corren riesgo de no poder seguir adelante”, alertó.

Y concluyó sobre la importancia de esos espacios: “El rol de los talleres protegidos es muy significativo porque son lugares de trabajo, de producción, donde estos trabajadores continúan desarrollándose, mejorando sus condiciones de empleabilidad, aspirando a un futuro más digno, mientras que otros permanecen en ese sistema porque es lo que pueden desarrollar, pero son personas activas en ejercicio, que por esa modalidad de empleo se jubilan como cualquier trabajador”.