Alejandro “Topo” Rodríguez advirtió que el gobierno de Milei no logró que la gestión de Trump se comprometa a aumentar el cupo de carne argentina.
Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, puso varios reparos al acuerdo comercial anunciado la semana pasada por el gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y no dudó en aseverar que se hubo una comunicación por parte de los funcionarios nacionales “muy confusa, casi engañosa” de lo que implica el convenio.
“Se la pasaron diciendo que el acuerdo contenía una apertura del mercado de carnes para la Argentina y no se dijo nada respecto de que vamos a importar carne estadounidense”, enfatizó esta mañana en diálogo con Radio Altos.
Aclaró que se anunció por parte del gobierno de Milei que Argentina había logrado en el marco del acuerdo, una ampliación de la cuota de exportación de carne argentina a Estados Unidos, pasando de 80.000 a 100.000 toneladas. “Eso no es cierto. En el acuerdo no hay ni una sola referencia a que Argentina aumente o reciba por parte de Estados Unidos la apertura a la carne argentina”, manifestó.
Sí dijo que se conoció la firma de un instrumento que se denomina proclamación en la que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump señala que solo por 2026 debido al impacto de la sequía y de los incendios forestales, que provocaron una merma en producción de carne vacuna en Estados Unidos, se abrirá una cuota adicional para la importación de carne argentina. “Pero no es parte de un acuerdo. Es una decisión unilateral de Estados Unidos que mañana puede decidir lo contrario”, subrayó.
En el acuerdo, remarcó, lo que sí se incluye, que lo tildó de grave, es que Argentina habilita la importación de 80.000 toneladas de carne vacuna estadounidense durante 2026 a razón de 20.000 toneladas por trimestre.
“De acá a fin de marzo deberían ingresar no menos de 20.000 toneladas de carne estadounidense”, ratificó en base al apéndice uno de la lista uno, del anexo uno, del acuerdo comercial.

Rodríguez sumó como preocupación lo que entiende será un intento del gobierno libertario para que el Congreso apruebe una nueva norma en materia de derechos de propiedad de semillas, “para cumplir con las condiciones que exige Estados Unidos”.
Explicó que es un proyecto de ley para que Argentina adhiera a lo que se denomina el acta UPOV 91, que es un sistema internacional de derechos de propiedad intelectual sobre semillas, que no tiene ningún país del Mercosur.
“Cada vez que un agricultor, un chacarero, un productor del sector agrícola quiera usar semillas que se denominan de uso propio, tendrá que pedirle permiso a grandes compañías y éstas podrán, eventualmente, aprobar una cuota de uso propio o directamente no autorizarlo”, indicó.
El sistema vigente en la Argentina, que opinó, es un conjunto de reglas bastante más razonable y más realista para la agricultura nacional, es el UPOV 78, norma que rige en todo el Mercosur.
“Es importante que el Congreso de la Nación no avale esa ley y que, en todo caso, sí discuta una ley actualizada de semillas que proteja los derechos de quienes invierten en investigación y desarrollo y que tenga luego en su aplicación la fiscalización y el control a cargo del Instituto Nacional de Semillas que tiene que estar jerarquizado, ser eficiente y no débil como el que quiere y como el que tiene este gobierno”, planteó.
Por último, mencionó que otro de los capítulos fundamentales del acuerdo comercial con EE.UU es el de patentes medicinales. “Argentina va a perder autonomía en materia de producción de medicamentos y se va a atar, como nunca, a lo que es el dominio de los laboratorios extranjeros. Este es un tema muy sensible y que efectivamente va a traer mucha discusión en las próximas semanas”, anticipó.