La defensa esgrimió que las reservas gozan de inmunidad soberana y no están sujetas a ejecución en Estados Unidos.
Luego de que la República Argentina rechazara brindar información sobre las reservas de oro del Banco Central (BCRA) en el marco del juicio por la estatización de YPF, los representantes legales del país presentaron una declaración jurada ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, en la que se dejó asentada la posición del país: las reservas gozan de inmunidad soberana y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos, con independencia de cualquier pedido de discovery.
“A pedido del tribunal y en cumplimiento de lo ordenado, la República Argentina presentó una declaración jurada del secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, en la que se deja constancia del conocimiento existente en esa repartición sobre lo solicitado, en particular la ubicación del oro, así como de la consulta realizada al ministro Luis Caputo”, explicaron desde la Procuración del Tesoro a LA NACION.
Y agregaron: “Nuestra postura es la misma: la información sobre las reservas de oro es administrada exclusivamente por el BCRA, que es un ente autárquico”.
En ese sentido, señalaron que también se consultó al Ministerio de Seguridad y al propio Banco Central, que manifestó que brindar esa información vulneraría su independencia funcional, tal como —según indicaron— ya se había expuesto en reiteradas presentaciones escritas y ante el tribunal.
El 21 de enero pasado, los fondos que demandaron al Estado argentino y obtuvieron un fallo favorable por la expropiación de YPF solicitaron que la Argentina revele la ubicación, los movimientos y las cuentas en las que se encuentra depositado el oro del Banco Central.
El pedido fue formulado en el marco de las causas “Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management contra la República Argentina”, en las que el país fue condenado a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera. Según los demandantes, el Gobierno argentino viene obstruyendo de manera sistemática la entrega de información clave para avanzar en la ejecución de la sentencia, entre ella la referida a más de US$1000 millones en reservas de oro.
En concreto, los fondos solicitaron que el tribunal ordenara al Estado argentino presentar una declaración jurada que identificara dónde se encuentra el oro, en qué cuentas está depositado y cómo llegó allí, además de poner a disposición un funcionario capacitado para declarar sobre el tema. En caso de que el país alegara no tener acceso a esa información por estar en manos del Banco Central, pidieron que se convoque a una audiencia probatoria con la comparecencia de funcionarios con conocimiento directo, entre ellos el ministro Caputo.
Hasta el momento, la jueza Preska no se pronunció sobre este planteo ni emitió una orden concreta.
Según consta en la presentación judicial, los demandantes vienen reclamando esta información desde mayo de 2024 mediante pedidos formales de discovery, sin obtener respuesta durante más de un año y medio. Incluso después de que la jueza ordenara expresamente, en agosto de 2025, que la Argentina presentara un testigo para declarar sobre el oro, el país habría incumplido al enviar un representante “deliberadamente no calificado ni preparado”.
La defensa argentina apeló todo el proceso de discovery ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Además, mantiene activo un pedido de suspensión, que Preska aún no resolvió y que, en caso de ser rechazado, también será apelado. Por último, continúa pendiente la apelación de fondo contra la sentencia por US$16.100 millones.
Fuente: Noticias Argentinas