La red de jueces penales de la Provincia aseveró que el hecho fue muy grave y pidieron que “no quede en la nada”.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que el ataque ocurrido ayer en el Juzgado de Garantías N°5 del partido de San Martín es un gravísimo atentado contra la independencia judicial.
Un grupo de 20 personas con armas blancas irrumpió en la mesa de entradas del juzgado cuyo titular es el Dr. Nicolás Schiavo, quien el pasado 22 de enero ordenó el allanamiento de inmuebles vinculados a una presunta organización criminal y secuestraron una escopeta, una pistola calibre 9 milímetros, chalecos antibalas y municiones. Ayer reclamaron la liberación de presos vinculados a esa causa.
“La falta de medidas asegurativas en los lugares de trabajo del Poder Judicial es un tema que nos está preocupando. No es el primer caso de algún tipo de manifestación violenta, pero sí es un caso relevante y muy particular porque muestra que un juez que está trabajando es afectado en su desarrollo por violencia, justamente una causa de narcotráfico o de narcomenudeo”, expresó esta mañana en diálogo con Radio Altos la Dra. María José Lescano, presidenta de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
Subrayó que la agresión que sufrieron el juez Schiavo y los empleados del juzgado afecta la independencia judicial.
Recordó que en 2005 la provincia de Buenos Aires adhirió a la iniciativa del gobierno nacional y el Poder Judicial bonaerense se hizo cargo de las causas por delitos de narcomenudeo. Pero, recalcó, eso estaba condicionado a la remisión de fondos que nunca llegaron. “Entonces hoy la provincia de Buenos Aires está en una situación en que estas competencias aumentaron notoriamente el caudal de trabajo, también aumentó sensiblemente la cantidad de detenidos por estos delitos en las unidades penitenciarias, pero como contrapartida no están los recursos que se habían anunciado”, criticó.
Señaló que, desde la red de jueces penales que lidera hace muchos años, vienen poniendo de manifiesto esta compleja situación, pidiendo que sea subsanada.
Expuso que en el ataque al juzgado de San Martín las mayores agresiones fueron contra el personal que estaba en mesa de entradas donde había dos mujeres, una de ellas embarazada, y sumó el deterioro de los sueldos de empleados y funcionarios del Poder Judicial bonaerense.
En particular, sobre el accionar del violento grupo que irrumpió ayer en la dependencia judicial, advirtió que según crónicas de medios capitalinos, se trataría de una organización que se disputa con otra el territorio para la venta de estupefacientes y que existiría connivencia policial.
“Desde la red de jueces penales lo que estamos reclamando es que no quede en la nada, que realmente se conozca lo que sucedió y que no ocurra nunca más, la idea es prevenir”, planteó, por último.