Emergencia en discapacidad: “El Gobierno avasalla los derechos de personas muy vulnerables”

El próximo miércoles 4 de febrero vencerá el plazo fijado por la Justicia para que el gobierno nacional empiece a cumplir con la ley de emergencia discapacidad.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró a mediados de diciembre pasado la invalidez del artículo 2º del decreto 681/2025 por el cual el gobierno suspendía la ejecución de la normativa pese a que ya había sido promulgada tras su aprobación en el Congreso de la Nación.

“Arruinar, enquilombar, desordenar la vida de las personas con discapacidad y sus cuidadores parecería ser uno de los objetivos que tiene este gobierno”, lanzó la actriz Valentina Bassi, mamá de Lisandro, un adolescente con autismo.

En diálogo con Radio Altos expuso que el Ejecutivo no solo está incumpliendo una orden judicial, sino que directamente viola la Constitución Nacional, la división de poderes y las reglas de la democracia.

“La situación de todo el sector de discapacidad está en un estado calamitoso, ya es catastrófico porque las personas con discapacidad no están accediendo a los apoyos básicos que necesitan para tener una vida digna, para tener calidad de vida, para poder apostar a una vida más autónoma en el futuro”, enfatizó.

Agregó que no acceder a terapias en momentos críticos del desarrollo como la infancia, por ejemplo, genera consecuencias irreparables. Indicó que personas con discapacidad se quedaron sin transporte para ir, por ejemplo, a la escuela y si no tienen un familiar que los traslade hasta las instituciones, se quedan en sus casas sin poder socializar, sin trabajar para lograr autonomía.

Si el próximo miércoles el gobierno no comienza a cumplir con la ley que declaró la emergencia en discapacidad, la Justicia comenzará a aplicarles multas a los funcionarios involucrados.

No dudó en subrayar que hay una voluntad política del gobierno de La Libertad Avanza de incumplir la normativa y los fallos judiciales.

Y señaló que podría adoptar medidas que implican cero riesgo presupuestario como refinanciar deudas que los establecimientos como escuelas, hogares y centros de día, entre otros, tienen con ARCA. 

Aclaró que el 80% de las prestaciones no las paga el Estado sino las obras sociales y las prepagas. Por eso cuestionó que no se haya actualizado el nomenclador cuando fue aprobada la ley y que los distintos profesionales, entre ellos, terapeutas, comiencen a cobrar mejor. “No lo hacen porque están beneficiando a las prepagadas”, lanzó.

Y recordó que el ministro de Salud, Mario Lugones, trabajaba para una prepaga: “está gobernando para su beneficio y para beneficio de sus amigos”.

Bassi admitió que le escandaliza que sean muy pocas las personas que estén alzando la voz contra el incumplimiento de la ley por parte del gobierno nacional. “Desobedecer al legislativo cuando ratifica una ley por cuarta vez en el Congreso es muy grave porque existe la división de poderes y la democracia tiene reglas”, remarcó y sumó que además desobedece a la Justicia.

“Si hace lo que quiere, es como que se rompe el Estado de Derecho, y si eso ocurre es gravísimo. Cuando se rompen las reglas de la democracia tenemos que salir todos a decir “esto no es así señor Presidente, usted no puede hacer lo que quiere”, pero eso no está pasando”, advirtió. 

Por último, expresó que es muy injusto lo que está ocurriendo con todo el colectivo de discapacidad, más tratándose de personas que son muy vulnerables. 

“Las personas con discapacidad tienen derechos, tienen derecho a tener una vida digna y eso no se debería discutir. El Estado tiene la obligación de hacerles la vida un poco más fácil, pero está haciendo todo lo contrario”, concluyó.