La Nueva cuestionó el fallo que la obliga a rectificar publicaciones hechas durante la dictadura

La Nueva, a través de su director Juan Ignacio Elías, brindó una respuesta pública al fallo condenatorio que obliga al diario bahiense a rectificar publicaciones que hizo durante la última dictadura cívico militar.

Los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Javier Aguerrido en su sentencia en el marco del juicio de la megacausa Zona 5, además de condenar a 31 imputados por delitos de lesa humanidad, ordenó una rectificación sobre información que difundió La Nueva en la década del 70 sobre 36 víctimas del gobierno de facto.

En primer lugar las autoridades del diario mencionan que la sentencia judicial plantea un debate que excede largamente al medio y que debe ser abordado “con serenidad, respeto institucional y vocación democrática”.

“Este diario reconoce la gravedad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, valora el trabajo de la Justicia en los procesos por delitos de lesa humanidad y acompaña el derecho de la sociedad a conocer la verdad histórica. Nada de ello está en discusión”, recalcaron.

Pero sostuvieron que paralelamente toda decisión judicial puede y debe ser analizada críticamente en el marco del debate público, sin descalificaciones ni simplificaciones.

Sobre el alcance de la resolución judicial, señalaron que se dictó en el contexto de un proceso penal de “enorme trascendencia institucional” y que abre interrogantes relevantes sobre el alcance de las facultades jurisdiccionales en materia de libertad de expresión, particularmente cuando la medida adoptada no fue objeto central del debate penal ni recae sobre personas imputadas o condenadas en el proceso.

“No se trata aquí de cuestionar la finalidad reparatoria que inspira la medida, sino de reflexionar sobre la herramienta elegida y sus efectos institucionales”, aclaró el medio.

Agregaron que el ordenamiento jurídico argentino no prevé, de manera expresa, una obligación general de rectificación histórica impuesta judicialmente a medios de comunicación. “El derecho de réplica, reconocido de manera excepcional, responde a supuestos específicos, contemporáneos y personales, condiciones que difícilmente puedan extrapolarse a publicaciones realizadas hace más de medio siglo”, afirmaron.

Sumaron al análisis la evaluación de publicaciones antiguas bajo estándares actuales. “Los textos cuestionados fueron producidos en un contexto histórico, político y comunicacional radicalmente distinto del presente, en un período signado por la ausencia de libertades públicas y severas restricciones informativas. El análisis retrospectivo de esos contenidos, realizado con categorías actuales, plantea tensiones inevitables con principios jurídicos como la seguridad jurídica y la previsibilidad de las conductas”, remarcaron.

También entendieron que la sentencia suscita interrogantes en relación con la atribución de efectos actuales a hechos producidos bajo gestiones editoriales completamente distintas. “Los actuales responsables del diario no participaron en aquellas decisiones ni formaron parte del contexto en que se produjeron las publicaciones cuestionadas”, enfatizaron.

“Este dato no exonera a la historia de ser revisada, pero sí invita a reflexionar sobre los límites de la responsabilidad institucional en el tiempo y sobre la necesidad de preservar el principio de responsabilidad personal como eje del derecho”, sostuvieron.

El diario considera que “el punto más sensible del debate” es el impacto de la medida sobre la libertad de expresión. “La orden judicial implica que un medio de comunicación publique un contenido determinado por una autoridad estatal, lo que obliga a ponderar cuidadosamente el equilibrio entre los fines de reparación simbólica y la autonomía editorial”, remarcaron.

Y comunicaron que el diario La Nueva ha decidido ejercer los recursos legales que el ordenamiento prevé, con absoluto respeto por el Poder Judicial y confianza en que las instancias superiores podrán profundizar este análisis desde una mirada institucional más amplia.

“Lejos de buscar confrontaciones, esta posición aspira a contribuir a un debate necesario: cómo compatibilizar memoria, verdad y justicia con la plena vigencia de las libertades públicas. La democracia se fortalece cuando es capaz de revisar su pasado sin debilitar los principios que la sostienen en el presente”, finaliza el texto que lleva la firma del director Juan Ignacio Elias.

Consideraciones sobre el fallo condenatorio a @lanuevaweb

Memoria, justicia y libertad de expresión

La reciente sentencia judicial que ordena al diario La Nueva publicar una rectificación de informaciones difundidas hace más de cincuenta años plantea un debate que excede…

— JUAN IGNACIO ELIAS (@JUANYTOELIAS) January 8, 2026