La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dejó un mensaje en su cuenta de X: “Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que devolvió el orden”.
El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
Ante esto, el Gobierno adelantó que apelará la decisión. Se comunicó a través de un posteo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva: “SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS”, escribió en X.
“Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, siguió la ministra.
Y sumó: “No vamos a dar un paso atrás. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.
Lo mismo comunicaron en la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”.

En su fallo, el juez señaló: “Se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1ero de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”.
Además, indicó que quienes se consideren perjudicados por la aplicación del protocolo podrán hacer la denuncia correspondiente ante la Justicia: “Las personas que se han visto afectadas frente a actos producidos por las fuerzas policiales y/o de seguridad en ejercicio de las instrucciones recibidas en el citado Protocolo -Resolución 943/23, deberán -de modo individual- denunciar ante la Justicia en lo Penal quien actuara acorde a las competencias que la ley le otorga”.