Caso YPF: la Justicia de EE.UU. suspendió la orden de investigar activos argentinos embargables

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, decidió suspender una orden propia que había emitido para investigar los activos de YPF potenciales de ser embargados por los acreedores que le ganaron el juicio por la expropiación al Estado argentino.

“Regalo navideño para YPF. La Juez Loretta Preska accede al pedido de la petrolera de suspender el discovery del Alter Ego (busca de activos para ser embargados), mientras apela la decisión de la misma juez, quien permitió dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar. Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos que continúa vigente”, dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors.

La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015. Actualmente, el proceso se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford y Eton Capital buscan la revisión del fallo de primera instancia.

Con el fallo de hoy Preska hace lugar a una apelación presentada por YPF al respecto. “Les dice a los beneficiarios de la sentencia que suspendan la búsqueda de activos de la petrolera. Pueden seguir buscando de otras empresas ‘alter ego’ pero ya no de YPF, algo que es muy positivo para la petrolera”. explicó a LA NACION Maril.

“Habíamos pedido el stand by como parte de las apelaciones que hicimos sobre sus resoluciones. Una de esas peticiones fue decirle a la jueza: `no sigas avanzando o permitas que sigan avanzando hasta que el tribunal superior resuelva´, lo que convalidó hoy”, explicaron satisfechos desde YPF.

“Si hay que hacer un breve resumen te diría que lo de hoy es una muy mala noticia para Bulford”, coincidió en evaluar ante la consulta de LA NACION el abogado Sebastián Solar, que también sigue al detalle el caso.

“Preska, ante el pedido que le había hecho YPF, ordena suspender transitoriamente el discovery de información con el que los demandantes pretenden encontrar algo que les permita, eventualmente, plantear que YPF es un ´alter ego´ del Estado nacional, algo que se mantendrá hasta que la Cámara resuelva la apelación de YPF contra la decisión de Preska que permitió iniciar dicho discovery”, había traducido desde la red X este miembro del Consejo Directivo de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

En su resolución, la jueza diferenció actitudes del Gobierno con las de la petrolera: “En contraste con las tácticas empleadas por la República en este litigio, no hay indicios ante la Corte de que la apelación de YPF sea una mera maniobra destinada a retrasar el cobro”, señaló.

Una larga historia…

Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.

Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.

En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.

Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”, dijo la magistrada.

La defensa argentina planteó en todo momento que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la ley de Expropiación. Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco de España y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.

Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, donde trabajó durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, encargado de liderar la defensa jurídica del Estado argentino. Pese a que el expediente de juicio en Nueva York figura que los demandantes son las empresas Petersen, la familia Eskenazi dice que el grupo, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.

Las empresas Petersen habían comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% de las acciones y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, según los valores de mercado de ese entonces. Para ello, habían obtenido créditos por parte de un grupo de bancos europeos, que se iban a devolver con las utilidades de las acciones. Cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendieron el cobro de dividendos y las empresas quebraron.

El fondo Eton, por su parte, había comprado el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por un total de US$458 millones. En mayo de 2014, Kicillof arregló una indemnización de US$5000 millones a la petrolera española Repsol por el 51% de las acciones que tenía cuando fueron expropiadas.

Fuente: diario La Nación