Ambientalistas alertan que habilitar la minería en glaciares y periglaciares es “una locura”

Lucas Micheloud, integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, expuso la preocupación que va en aumento por el inicio hoy del tratamiento en el Congreso del proyecto de adecuación de la ley de Glaciares (Ley N° 26.639) que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Es un escenario de mucha preocupación, pero tenemos al mismo tiempo muchas expectativas de que no se apruebe a pesar de que somos muy conscientes cómo está funcionando hoy el Congreso”, analizó y planteó que los gobernadores están ejerciendo mucha presión sobre sus legisladores para que aprueben los cambios normativos que habilitarían las actividades mineras en los glaciares y las zonas periglaciares.

Recordó que la ley sancionada en 2010 reserva precisamente el sistema de glaciares y periglaciares de Argentina estableciendo restricciones y límites teniendo en cuenta que se trata de los reservorios de agua dulce más importantes que tiene Argentina, que alimentan a muchas poblaciones y provincias. Agregó que son la naciente de muchos ríos cordilleranos,  precordilleranos y del norte.

“Se puede hacer minería en otros espacios, pero no sobre nuestras reservas de agua dulce, y este proyecto lo que hace hoy es flexibilizar estas previsiones permitiendo que las provincias, que son las nuevas autoridades competentes en el manejo y control del sistema de glaciares, puedan disponer discrecionalmente la desafectación de algunos de los glaciares y permitan estas actividades que tienen un alto impacto en las cuencas y en los ecosistemas de los glaciares”, advirtió.

Para graficar qué espacios naturales están en peligro, precisó que los glaciares son las grandes masas de hielo, y los periglaciares son, si se toma como ejemplo una heladera, sus puertas, los que contienen y tienen funciones hidrológicas.

“Estamos muy preocupados porque habilitar la minería en esos sectores sería romper, destrozar, los glaciares. Se trata de daños irreversibles, sumado a los riesgos inherentes que tiene la actividad petrolera o minera, como el derrame de sustancias químicas”, subrayó. 

Micheloud recalcó que la minería en Argentina está totalmente liberalizada desde la década del 90 y ahora se le sumó el RIGI, que, detalló, le otorga 30 años de estabilidad jurídica, cambiaria, aduanera, etcétera, a las empresas. “El Gobierno Nacional le sacó además, hace algunos meses, el 5% de retención; lo único que les queda para poner ya un cierre final a la liberalización es hacer minería sobre los glaciares”, criticó.

En ese sentido, indicó que los glaciares significan menos del 1% del territorio nacional, es decir, hoy se pueden desarrollar actividades mineras en el 99,2% del territorio argentino.

Planteó que todo es parte de una mirada neodesarrollista en la que se cree que estas inversiones pueden cambiar la matriz productiva de las provincias, sin embargo, afirmó que San Juan hace 30 años que tiene mega minería y según el último informe del INDEC, es la provincia más pobre de la precordillera. “Es un mito, es falso que estas actividades generan un verdadero desarrollo. Es la reprimarización de la economía donde incluso las corporaciones mineras exportan estos minerales a su solo control. El sistema es perverso porque son las propias corporaciones mineras las que con una sola declaración jurada dicen cuánto están exportando”, denunció. 

Y concluyó que la minería genera empleo precario y temporario porque las empresas desarrollan sus proyectos en 10 o 15 años y se van. “Cuando se van, y hay muchísimos ejemplos de eso, dejan un tendal”.

“Hay una complicidad entre las corporaciones y los gobiernos. Hay un entramado detrás de cómo funcionan las corporaciones, los gobernadores y los asesores que hacen de puente entre los gobernadores y los legisladores, para que estas reformas se lleven adelante en contra o a espaldas de la sociedad”, finalizó.