En la presentación en conjunto remarcaron que es "en defensa de los recursos y los intereses de las Provincias que representamos".
Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chubut, Ignacio Torres; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto con los fiscales de Estado de esas provincias, se presentaron este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para ser admitidos como parte querellante en la causa YPF.
El objetivo es “defender los recursos y los intereses patrimoniales” de las provincias que representan, en medio del avance del juicio por la expropiación de la petrolera que se tramita en los tribunales de Nueva York.
El escrito, patrocinado por el abogado Bernardo Saravia Frías, recuerda que las provincias son accionistas de YPF desde la sanción de la ley 26.741 en 2012 y, como tales, tienen derechos patrimoniales afectados por el proceso. “Nuestra legitimación es indisputable: las provincias son titulares de un derecho colectivo directamente comprometido por los hechos investigados”, sostienen los mandatarios.
Dentro de la presentación, separada por ítems, está la de antecedentes, en el que los gobernadores explican que la causa local se remonta a 2006, cuando se denunció el vaciamiento de YPF durante la gestión de Repsol, la entrada del Grupo Petersen sin aportes de capital y la falta de control del Estado. Cornejo, Torres y Vidal remarcaron que ese proceso derivó en la expropiación de 2012 sin cumplir con el estatuto que obligaba a realizar una oferta pública de acciones.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$ 16.099 millones a los fondos Petersen y Eton Park, fallo que luego fue apelado pero que mantiene vigencia. En junio de este año, incluso, la magistrada llegó a ordenar la entrega forzada del 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino, medida que fue suspendida provisoriamente por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
“Gravedad institucional” y pedido de acción
Los mandatarios provinciales advirtieron que la ejecución de esa sentencia “afecta de forma inmediata e irreversible la estructura accionaria y el gobierno corporativo de YPF” y supone un daño de magnitud a las provincias, tanto en regalías como en soberanía sobre los recursos naturales.
“Esta presentación obedece a la necesidad de avanzar con premura en la investigación de los hechos denunciados hace casi 20 años en la Causa, en razón de que su esclarecimiento podría tener un efecto directo en la suerte de decisiones judiciales dictadas en el extranjero, que hasta acá causan un daño patrimonial directo e inminente a nuestras provincias”, señala el escrito.
Pidieron al juez federal que avance en la investigación local, ya que “su esclarecimiento puede torcer la suerte procesal en Estados Unidos”. Además, reclamaron que se informe de esta presentación a la jueza Preska y a la Cámara de Apelaciones en Nueva York.
Fuente: diario Clarín