Productores agropecuarios denunciaron a dos intendentes por las inundaciones

Un grupo de productores agropecuarios del partido bonaerense de Carlos Casares presentó una denuncia penal contra el intendente local, Daniel Stadnik, y la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, en su carácter de autoridades del Comité de Cuenca A3 del río Salado. 

También apuntaron a otros funcionarios provinciales de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense. 

La acusación sostiene que la inacción oficial agravó la crisis por las inundaciones en la subregión A3, provocando un “estrago” que dejó bajo el agua miles de hectáreas productivas y afectó la vida social y económica de la región.

La denuncia, presentada el lunes pasado en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, acusa a los funcionarios de tres presuntos delitos: estrago por inundación (arts. 186, 189 y concordantes del Código Penal), omisión impropia por no haber actuado pese a sus roles de garantes en el Comité, e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), al no cumplir las funciones que la normativa les impone.

El escrito planteó: “La conducta de los denunciados se enmarca en los delitos de estrago por inundación (arts. 186, 189 y concordantes del Código Penal de la Nación); en concurso real con omisión impropia por estar determinada la posición de garante, la infracción del deber jurídico y la imputación del resultado; e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal)”.

Consultado por LA NACION, Stadnik dijo que no estaba al tanto de la denuncia, mientras que en la intendencia de 9 de Julio declinaron hacer comentarios por el momento.

La denuncia se dio en un contexto marcado por los reclamos de productores y vecinos por la falta de mantenimiento de canales y de los caminos rurales, en medio de un escenario en el que el agua avanzó sobre el partido de Carlos Casares. Según un relevamiento de Carbap, a mediados de mes había al menos 100.000 hectáreas en situación hídrica complicada, entre inundadas y anegadas, lo que agravó tanto las pérdidas productivas como las dificultades de transitabilidad. En tanto, en 9 de Julio más de 150.000 hectáreas estaban en esa situación.

Los productores plantearon que las inundaciones en la región no fueron únicamente el resultado de lluvias extraordinarias, como señalaron las autoridades, sino consecuencia de la falta de obras y de mantenimiento. En la denuncia se afirma que “la magnitud del daño no se debe exclusivamente al factor climático, sino fundamentalmente a la inacción de las autoridades competentes”.

Se cuestionó directamente a Stadnik: “El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, en su carácter de presidente del Comité de Cuenca Subregión A3, lejos de coordinar medidas concretas, se ha ocupado en forma permanente de asegurar que las inundaciones (…) se deben pura y exclusivamente a las ‘lluvias extraordinarias’ que han tenido lugar”.

La denuncia también incorporó expresiones de Gentile en el acta del 29 de mayo de 2025, donde la intendenta de 9 de Julio “comenta problemáticas en cuanto a los caminos rurales, y el acceso a las localidades expresando su preocupación ante la escasez de recursos. Opina que se debe atender el Cambio Climático y solicita trabajar más coordinadamente con la Dirección de Hidráulica zonal y trabajos técnicos”.

Además se sumaron declaraciones públicas de Stadnik que, según los productores, confirman el carácter de omisión. En el acta de esa misma fecha el jefe comunal expresó: “Evidentemente, estamos en un ciclo húmedo ante un territorio adverso y acuerda que existe el Cambio Climático. Luego describe los problemas de financiamiento y cómo el Estado nacional juega un papel importante en cuanto a la renta agropecuaria. Acuerda en realizar una demanda colectiva al gobierno nacional”.

Un mes más tarde, en una entrevista televisiva, Stadnik admitió: “Yo tengo que organizar la convocatoria de la cuenca A3 a los que conformamos la cuenca y los grupos técnicos sobre todo y empezar a coordinar con la Autoridad del Agua (…), pero bueno, un poco estoy esperando de salir de esta emergencia y que se calme todo un poco. También estamos entrando en un escenario de elecciones, también eso complica un poco”.

Para los productores, esas frases confirman el delito de omisión: “Reconoció que no convocó al Comité de Cuenca (…) porque estaba ocupado con la campaña política y dijo que cuando ésta finalizara recién entonces comenzarían a proyectar y decidir qué hacer”.

La presentación también advirtió sobre las consecuencias productivas: “Las inundaciones han provocado perjuicios directos sobre sembradíos, pasturas, cosechas fina y gruesa (…) a la lechería por las dificultades para sacar el producido, y a la ganadería, con estrés en los rodeos y dificultades para abastecer de alimentos a los animales”.

Fuente: diario La Nación