Denunciaron al presidente, su hermana y otros funcionarios por presuntas coimas de laboratorios

En las últimas horas ingresó a los tribunales de Comodoro Py una denuncia por corrupción que involucra al presidente Javier Milei, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el funcionario Eduardo “Lule” Menem y el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, referida al cobro y pago de coimas en la compra y provisión de medicamentos.

En la causa se mencionan los delitos de cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos y asociación ilícita en relación a la compra de medicamentos a laboratorios.

Junto a Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, “habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores”, consigna la presentación realizada por el abogado Gregorio Dalbón.

Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios del esquema y la droguería Suizo Argentina como el canal para cobrar y distribuir las coimas.

Según la denuncia, la droguería articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General. El porcentaje de los retornos ascendería al 3% y representaría alrededor de u$s800.000 por mes.

Señala además que “la participación de ANDIS agrava la situación por tratarse de la columna vertebral de la política de discapacidad en nuestro país” y es “la responsable de asegurar prestaciones básicas, terapia, insumos y apoyos para personas que dependen del Estado para vivir con dignidad”, en momentos en que en el Congreso se intenta revertir el veto presidencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En ese sentido, agrega que “el desvío de fondos en este ámbito impacta en la población más frágil de la sociedad. Cada peso derivado a coimas significa la pérdida de tratamientos de rehabilitación, prótesis, sillas de ruedas o medicamentos imprescindibles para miles de familias”.

En la presentación se indica que el esquema “demuestra cómo la salud pública fue convertida en una moneda de cambio. Las decisiones sobre qué medicamentos comprar y a qué empresas adjudicar dependían de pagos ilegales antes que de criterios médicos o de necesidad social”.

“Nos encontramos frente a una maniobra fraudulenta de cobro y pagos de coimas de una enorme magnitud, que involucra a la familia presidencial, a altos funcionarios del gobierno y a una de las droguerías más poderosas del país”, concluye.

Fuente: C5N