Condenaron a 13 años de prisión a Marcelo D’Alessio por extorsión y asociación ilícita

El Tribunal Oral Federal N° 8 condenó este jueves al falso abogado Marcelo D’Alessio por extorsión y asociación ilícita a 13 años y 6 meses de prisión, tras ser acusado de montar una red junto a ex espías, policías y financistas. Su caso se dio a conocer cuando el empresario agropecuario Pedro Etchebest denunció que le había exigido 300.000 dólares para no involucrarlo en la causa conocida como “Cuadernos”.

Los jueces Sabrina Namer, Nicolás Toselli y María Gabriela López Iñiguez declararon culpable a D’Alessio por los delitos de asociación ilícita -en calidad de miembro- en concurso real con violación a la Ley de Inteligencia -partícipe primario-, lavado de activos, extorsión, intento de extorsión en cuatro episodios, coacción y tenencia ilegal de armas.

En tanto, el imputado resultó absuelto del delito de encubrimiento, por prescripción. Durante el juicio se dio por probado que se jactaba de “tener influencias” en el Poder Judicial, el Gobierno y los medios de comunicación, además de supuestamente contar con contactos en el FBI (Federal bureau of investigation) y la DEA (Administración de Control de Drogas) de Estados Unidos.

El debate comenzó en septiembre de 2023 en los tribunales federales de Comodoro Py y D’alessio llegó procesado con prisión preventiva bajo la acusación de haber extorsionado a diferentes víctimas. Según consta en el expediente, los habría amenazado con vincularlos en resonantes causas judiciales salvo que le pagaran y, para ello, alardeaba de sus vínculos.

El fiscal recordó en el alegato que, para este fin, frecuentaba canales de televisión, daba notas en medios periodísticos y “creó un capital mediático que tuvo mucho valor a la hora de las amenazas”. Asimismo, se demostró que se presentaba como letrado sin serlo, “ponía una parafernalia en escena para generar temor” y se mostraba en fotografías con diferente armamento.

Junto a el falso abogado fueron condenados el espía Ricardo Oscar Bogoliuk –a 9 años y 6 meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos-; el agente de inteligencia –Rolando Hugo Barreiro, a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos-; y los empresarios Patricio González Carthy de Gorriti, Pablo Leonardo Bloise y Aldo Eduardo Sánchez, que fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso y deberán realizar controles regulares y fijar domicilio.

En tanto, los policías Norberto Aníbal Degastaldi, Franco Leandro Pini y Mariano Rubén Díaz fueron absueltos por el tribunal. La fiscalía repasó diferentes hechos de espionaje ilegal por los que el principal acusado llegó a juicio y remarcó que la prueba obtenida de su teléfono celular “no fue adulterada”, según demostraron los peritajes.

Las víctimas de las extorsiones “eran abordadas por la organización y quienes se presentaban como abogados, economistas, floridamente presentados en los programas de televisión de aire más vistos”, remarcó donde D´Alessio hablaba en 2018 de su rol “en la lucha contra el narcotráfico” y cuestiones de seguridad.

El expediente se inició en Dolores, en el juzgado de Alejo Ramos Padilla con la denuncia de Etchebest, quien acusó a D’Alessio de haberle exigido pagos en dólares para que no lo relacione con la megacausa de los “Cuadernos de las coimas”, que en ese momento se encontraba en plena etapa de instrucción. Este jueves, el tribunal ordenó restituirle 14.700 dólares.

En sus extorsiones, que incluían fotos y videos, D’alessio aseguraba tener vínculos con la Justicia, especialmente con el fiscal Carlos Stornelli, que precisamente estaba a cargo de esa investigación derivada de las anotaciones hechas por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación. El funcionario judicial negó estar relacionado con el falso letrado, y en 2023 el juez federal Julian Ercolini revocó el procesamiento que pesaba sobre él por “falta de mérito”.

La causa señala que se comprobó una asociación ilícita entre los involucrados y la metodología del grupo al parecer consistiía en la “obtención, producción y/o almacenamiento de información sobre la vida de diversas personas”, con el uso de fuentes públicas y de “bases datos de acceso restringido”, con las que tenían contacto gracias a la colaboración de agentes estatales.

El debate oral y público, que fue interrumpido durante tres meses en 2024, comprendió 106 declaraciones testimoniales y una gran cantidad de documentación ilegal que fue protegida. En septiembre, se darán a conocer los fundamentos del fallo.