Lo advirtió Irma Trímboli, de la biblioteca Tupac Amaru de Villa Castells. Presentaron una demanda colectiva contra el decreto que atenta contra la Conabip.
La semana pasada las bibliotecas que integran la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares presentaron una demanda colectiva de inconstitucionalidad del decreto 345 con el que la Conabip dejaría de ser un organismo federal desconcentrado, con autonomía relativa del Poder Ejecutivo, para depender de la Secretaría de Cultura.
“Somos más de 1.500 bibliotecas en todo el territorio argentino que dependemos de la Conabip que se fundó durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. Tiene una historia de 155 años, es un organismo que funciona muy bien”, enfatizó Irma Trímboli, de la Biblioteca Tupac Amaru de Villa Castells.
En diálogo con Radio Altos remarcó que sería un retroceso muy importante que pierda autonomía y principal hincapié hizo en la necesidad de sostener a las bibliotecas populares por la función social que ejercen en cada comunidad.
En la demanda presentada el martes 25 de junio en el Juzgado N°2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, expusieron que el decreto vulnera la Constitución Nacional, desconoce el derecho colectivo a participar en la vida cultural y desmantela el modelo federal de gestión que rige desde hace décadas en la Conabip.
Para Trímboli, el gobierno de Milei, por un lado, quiere hacerse de los fondos de la Conabip que surgen de un porcentaje del impuesto al juego, y por otro lado, busca apuntar, como ocurre con todas las organizaciones comunitarias, contra los lazos que teje en la sociedad.
“Saben que en estas bibliotecas y en todas las organizaciones sociales se sostiene una trama viva que tiene una idea de qué país queremos y van en contra de eso”, alertó.
En las bibliotecas populares, agregó, siguen acercando las políticas públicas a la ciudadanía, aspirando a que todos y todas tengan una mejor calidad de vida: “Eso es lo que se quiere desarmar”.
Sobre la presentación judicial, manifestó que esperan que en un corto plazo sea aceptada la medida cautelar para que se le ponga un freno al decreto.