Protocolo antipiquetes: “Se está generando un acostumbramiento de los eventos represivos”

Ayer nuevamente las y los jubilados que se manifestaron en los alrededores del Congreso fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. Del operativo antipiquete que dispuso el ministerio de Seguridad de Nación participaron la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.

“No es un hecho aislado, hay una práctica sistemática de represión de toda manifestación, salvo algunas excepciones como marchas masivas”, aseveró esta mañana en diálogo con Radio Altos Rodrigo Pomares, director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial de la Memoria.

Expuso que desde que asumió Javier Milei la presidencia y que se diseñó el protocolo antipiquete para, según argumenta el Ejecutivo, garantizar la libre circulación por las calles, lo regular ha sido la represión, con epicentro en el Congreso donde los operativos han sido “desmesurados” respecto de la presencia policial.

En ese punto, admitió que llama la atención que no solo participan efectivos de la Policía Federal y de Prefectura y Gendarmería, sino también de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una fuerza que tiene un objetivo particular, pero que de todos modos fue sumada a las tareas de “represión de las manifestaciones públicas”.

“No solo se da la violencia, sino que también hay arbitrariedad excesiva y desmesurada porque la represión se da hasta en la misma vereda”, criticó.

En cuanto a la protesta que todos los miércoles realizan las y los jubilados en reclamo a mejoras en sus haberes, sostuvo que desde la gestión libertaria “hay una particular saña” sobre las y los adultos mayores.

Asimismo, planteó la preocupación respecto a que se presenten situaciones más graves. Ayer, recordamos, resultó herido el padre Francisco “Paco” Olveira, integrante del Grupo de curas en opción por los pobres.

“Se está al borde y al límite de que pasen cosas más graves”, subrayó.

Por último, recalcó que desde la Comisión Provincial por la Memoria ya radicaron más de 14 denuncias por eventos represivos en manifestaciones públicas y, en ese sentido, sostuvo que es la Justicia la que puede ponerle “un freno” al accionar violento del gobierno de Milei. Pero aclaró que el Poder Judicial no está tomando determinaciones en ese sentido.