Licitación de la Hidrovía: exigen una evaluación estratégica ambiental
El abogado ambientalista Fernando Cabaleiro denunció que el gobierno de Milei diseñó el pliego a favor de una empresa: la belga Jan de Nul.
Las denuncias en la Justicia se acumulan desde que el gobierno publicó los pliegos de licitación de la Hidrovía en noviembre pasado. Se trata de la vía navegable del Paraná y el Río de la Plata por donde circula el 80% del comercio exterior argentino y parte de las cargas bolivianas, brasileñas, paraguayas y uruguayas.
Además de las críticas y denuncias de direccionamiento que presentaron empresas interesadas en competir, se suman distintos sectores de la sociedad civil, entre ellos, abogados ambientalistas que reclaman la realización de una evaluación de impacto ambiental.
Días atrás, un grupo de cuatro abogados ambientalistas publicó una nota en El Cohete a la Luna que se titula “Ecocidio en el río”.
“Pusimos la mirada sobre la cuestión ambiental porque es un tema que no se ha mencionado. Se habla solo de la puja entre las empresas que se quieren quedar con la Hidrovía y sobre cuestiones meramente económicas”, planteó esta mañana en diálogo con Radio Altos Fernando Cabaleiro.
Desde el punto de vista penal, enfatizó que hay elementos suficientes para determinar que en este proceso licitatorio se confeccionó el pliego para favorecer a una de las empresas: la belga Jan de Nul que es la que históricamente ha tenido a su cargo la concesión de vía navegable.
En la presentación que hicieron en la Justicia acusan al ministro de Economía Luis Caputo y al subsecretario de Puertos y Vías Navegables Iñaki Miguel Arreseygor de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber de funcionario público y negociaciones incompatibles.
Además, los acusan de no ordenar una evaluación estratégica ambiental sobre los impactos acumulativos del uso de la Hidrovía.
“La concesión de la hidrovía se hizo hace 30 años sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, sin ningún organismo de control. Ahora en esta nueva licitación se pretende profundizar el dragado, llevarlo hasta 44 pies, e inclusive ensanchar el canal troncal y los canales adyacentes, sin medir y sin considerar las consecuencias que eso puede tener”, aseveró.
Aclaró que en el pliego se plantea la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental, pero segmentados, y eso, entendió, lleva a invisibilizar las verdaderas consecuencias.
“Se tiene que hacer una evaluación del sistema en forma estratégica y se tienen que estudiar todos los impactos acumulativos; estamos hablando de impactos transgeneracionales”, alertó.
Asimismo, cuestionan al gobierno por no habilitar una instancia de participación ciudadana para que sea la propia sociedad la que defina si quiere que el Paraná “se adapte a las embarcaciones o que las embarcaciones se adapten al río”.
Por último, planteó que antes de “retocar el lecho del río” es necesario contar con un plan nacional del agua y remarcó que la cuenca del Paraná es la fuente de agua de más de 10 millones de personas.
