Represión en la UNS: la fiscalía volvió a pedir las indagatorias de Massot y Sierra

La causa judicial sobre la represión en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur durante la última dictadura militar, en la que están imputados exmilitares, el por entonces secretario del Juzgado Federal, Hugo Sierra, y el exdirector del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, sumó en las últimas horas un nuevo pedido de la fiscalía de llamados a indagatoria.

El Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca amplió el procesamiento sin prisión preventiva de doce exmilitares acusados por violación de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados cometidos contra treinta integrantes de la UNS en el marco de un plan de persecución política, que de acuerdo a la acusación de la fiscalía, contó con la planificación, coordinación y ejecución del fuero federal y de La Nueva Provincia.

El juez federal Walter López Da Silva no hizo lugar a la citación como sospechosos de Sierra y Massot, por considerar que había que profundizar la investigación y volvió a remitir las actuaciones a la fiscalía, a la que había delegado la instrucción.

Esa decisión fue apelada por la Unidad Fiscal y la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ordenó al Juzgado Federal que, si consideraba que existían medidas de investigación pendientes, debía reasumir la investigación. 

El fiscal auxiliar Pablo Fermento informó que ayer volvieron a solicitar las indagatorias de Massot y de Sierra.

“La causa tiene que ver con una gran campaña que hizo el Comando V Cuerpo de Ejército en el año 76 para estigmatizar a una serie de docentes de la Universidad Nacional del Sur, quienes fueron privados de la libertad, sometidos a tormentos y estuvieron varios años en las cárceles. Había una campaña de acción psicológica para plantear que en las universidades públicas del país se estaba sembrando el germen de la subversión”, describió.

Acdel Vilas, quien fuera subcomandante del V Cuerpo, tanto en su indagatoria como en un libro que escribió sobre su estadía en Bahía Blanca, reconoció que esa campaña se trató de una misión militar para exponer ante la Junta Militar cómo debía procederse en todo el país respecto a la subversión ideológica. 

“A diferencia de la metodología que se utilizaba en ese momento, que era la clandestinidad, la desaparición para la tortura, la eliminación y no reconocer ningún tipo de derechos, en este caso los secuestros tenían que ser justamente instalados al público, difundidos”, señaló.

Y agregó que la Fiscalía trazó una línea de investigación que incluyó la difusión de noticias en esos años y las editoriales que publicó La Nueva Provincia.

“Lo definimos como discurso de odio porque llamaban justamente a extirpar la subversión de las universidades, de los colegios secundarios, primarios y jardines”, aseveró.