Lo aseveró la politóloga Mara Pegoraro, quien alertó sobre el crecimiento de la indigencia. “El cuadro social es muy severo”, resumió.
El Centro para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que evalúa los datos semestrales y trimestrales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, presentó en los últimos días un informe en el que advirtió sobre un crecimiento de la indigencia en los primeros tres meses del año en una proporción muy superior al de la pobreza.
“Casi un 11,5% de la población argentina pasó a la indigencia”, señala el trabajo.
Esta mañana en diálogo con Radio Altos la politóloga y coordinadora del Centro RA, Mara Pegoraro, enfatizó que los números que dieron a conocer ayudan a “poner blanco sobre negro y dar certificación de que aquello que percibimos cuando caminamos por la calle, efectivamente está sucediendo”.
Se refirió al proceso de deterioro progresivo de las condiciones socioeconómicas que no es nuevo, que no comenzó en diciembre de 2023 cuando asumió la presidencia Javier Milei, pero sí se aceleró con medidas económicas que impactaron en la población más vulnerable.
“Lo más alarmante es que la indigencia ha crecido porque gente que estaba en condición de pobreza se han vuelto más pobre. Eso es un drama porque en la medida en que se va descendiendo en la escalera, es mucho más difícil volver a subirla”, describió y sumó que, teniendo en cuenta la visión de país y del rol del Estado que tiene el gobierno libertario, no estarían las dadas condiciones para que haya una una recuperación.
“La Argentina camina hacia una sociedad de lo que se llama 80-20, es una sociedad con un 80% de pobreza y un 20% de riesgo, es decir, con enormes niveles de desigualdad”, enfatizó.
En ese punto, resaltó que “no es un problema meramente de planillas de cálculos” y que cuando desde el Estado solo preocupa la macroeconomía, en la microeconomía aparecen serios problemas, entre ellos, como está sucediendo, un mayor nivel de indigencia.
Planteó como agravante que en Argentina más del 60% de las y los niños se encuentran en situación de pobreza e indigencia. Por eso, remarcó, el futuro es muy complejo: “Un país que tiene una infancia pobre es un país pobre”.
Sobre el modelo de sociedad 80-20, aclaró que no es taxativo, sino que es una figura que se utiliza para establecer la idea de sociedades con enormes niveles de desigualdad, donde muy pocos pueden acceder a los bienes y servicios que son necesarios y el resto apenas lo consigue.
“Ser indigente significa que no se come todos los días, no es solamente una persona que está en situación de calle, son niños, adultos, personas mayores que no comen todos los días o que no hacen todas las comidas necesarias en un día. Ese cuadro es muy alarmante y además genera más desigualdad”, expuso.
Continuando con su análisis no dudó en afirmar que esa concepción de Argentina con movilidad social ascendente y con una clase media potente, ya no existe.
“Si nosotros seguimos creyendo que la Argentina es una sociedad mayoritariamente de clase media, como supo ser hace 30 años, estamos definiendo mal el problema. Hoy la mayor parte de las personas pobres también tienen trabajo. Es decir, que el trabajo no resuelve el problema de la pobreza”, señaló.
Pegoraro dijo que es necesario “abrir la mirada”, no solo evaluar a la pobreza desde el punto de vista de los ingresos y sumar cuestiones como la accesibilidad o la terminalidad educativa, por nombrar solo dos ítems.
Recalcó que cuando se define el problema de la pobreza de manera integral, la respuesta empieza a ser otra porque las consecuencias no se ven solo en lo inmediato sino que a largo plazo. Y, como ejemplo, mencionó que el actual desfinanciamiento a las universidades nacionales repercutirá sobre las posibilidades de desarrollo en la Argentina dentro de 30 años.
“El cuadro social es muy severo. Tenemos proyecciones que marcan un deterioro progresivo de las condiciones sociales no solo en el nivel del ingreso”, manifestó.
Por último, opinó Argentina tiene dos grandes problemas que hoy aparecen formando parte de las prioridades de la actual gestión: la inflación y la balanza del Banco Central (las reservas).
“Hay una necesidad de encontrar otra manera de converger en la definición del problema que no nos excluya. Había que resolver el problema de la inflación y había que hacer un ajuste, pero también es necesario prestar atención a los efectos sociales. El problema es que si la definición es dicotómica y excluyente, probablemente, la solución de un lado o del otro no importa, será perjudicial para la sociedad y termina en esta desestructuración que plantea el informe del Centro RA”, explicó.
Y se refirió al problema de definir pobreza por nivel de ingresos porque si la solución es transferir dinero a los sectores menos favorecidos, se sigue cayendo en el mismo error de las últimas décadas: “Hace 30 años que hacemos transferencias de ingresos a los sectores más vulnerables y el problema no se resuelve de manera completa; debiéramos abordar también otras estrategias de solución, sobre todo las vinculadas al acceso a la salud y a la educación”.