Provincia sancionó a Worldcoin, la empresa que escaneó iris en Bahía Blanca

El reciente fallo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires contra Worldcoin Foundation puso en el centro del debate la línea entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos de los consumidores. 

La multa impuesta de $194 millones y la orden de eliminación de cláusulas abusivas en los contratos reflejan un creciente conflicto entre las nuevas tecnologías y la regulación estatal.

La investigación, iniciada a comienzos de 2024, descubrió irregularidades significativas en las operaciones de Worldcoin, una compañía fundada en 2019 por Sam Altman, co-creador de ChatGPT. Worldcoin se especializa en la verificación de identidad a través del escaneo del iris, a cambio de criptomonedas. 

Esta práctica, sin límite de edad, se concreta con la sola aceptación de algunos requisitos, entre ellos, la imposibilidad de demandar a WorldCoin. La preocupación del Gobierno bonaerense se centró en la gestión y seguridad de los datos biométricos recogidos por la empresa, utilizando el dispositivo Orb.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires detectaron que los contratos de adhesión de Worldcoin contenían cláusulas que violaban las normativas locales y que los datos biométricos recolectados no se manejaban de acuerdo con lo prometido. Entre los hallazgos más preocupantes se encontró la ausencia de credenciales de identidad y la falta de señalizaciones que indicaran la edad mínima requerida para utilizar el servicio.

“La falta de estos requisitos podría exponer a menores de edad a la recolección de datos sensibles, lo que subraya la necesidad urgente de una regulación más estricta en un contexto de creciente vulnerabilidad entre los adolescentes”, comentó a Página 12 Ariel Aguilar, Subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las cláusulas abusivas en los contratos de Worldcoin, se descubrió que incluían disposiciones que permitían la suspensión del servicio sin reembolsos, la renuncia a reclamos colectivos y la aplicación de leyes extranjeras, lo que contraviene el Código Civil y Comercial de la Nación. Estas prácticas no solo infringen derechos fundamentales, sino que también plantean un desafío considerable para la regulación local.

“Las contradicciones en el contrato y la falta de claridad sobre el almacenamiento de los datos biométricos generan serias dudas. La complejidad y novedad de esta tecnología requieren una supervisión rigurosa para proteger a los consumidores”, agregó Aguilar.

Tras este caso -y ante la ausencia de legislación local que regule este tipo de actividad-, y luego de recopilar información respecto a normativa internacional, desde la provincia de Buenos Aires se trabaja en una ley de datos que contemple los derechos de las personas ante las nuevas tecnologías.